El hecho de que la Cámara de Diputados postergara la aprobación de la ley general contra las desapariciones podría resultar una mejor noticia que su aval, tomando en cuenta que esa norma pudo ser votada sin haberla estudiado a fondo y sin corregir diversos aspectos fundamentales, consideraron organizaciones de familiares de víctimas.

Nadin Reyes, del Comité ¡Hasta Encontrarlos!, afirmó que desde el principio de la discusión hubo puntos de preocupación para las familias, entre ellas que la iniciativa no reconocía las responsabilidades penales de todos los servidores públicos que participan en las desapariciones forzadas, desde el ejecutor hasta quien dio la orden de cometerlas.

De igual manera, en la norma se incluyó el concepto ‘‘personas no localizadas’’, el cual es rechazado por diversas organizaciones civiles que consideran que distrae la atención del fenómeno de las desapariciones forzadas y diluye la responsabilidad del Estado.

Por otra parte, añadió, tampoco se menciona en el dictamen final la responsabilidad de las autoridades de aumentar su capacidad institucional para erradicar y resolver las desapariciones por medio del fortalecimiento de actividades como la investigación forense.

‘‘Si no iba a salir una ley con todas las exigencias de los familiares, creemos que fue mejor que no se aprobara en este momento. Es importante que se revise y se mejore en todo lo que haga falta’’, aseveró.

Julia Alonso Carbajal, madre de Julio Alberto López, desaparecido en 2008 en Nuevo León, coincidió en que fue mejor que se postergara la aprobación, porque faltaba que expertos la analizaran suficientemente y se corría el riesgo de que terminara por ser una legislación inútil.

‘‘Los ciudadanos pagamos mucho dinero para tener buenas leyes, pero siempre terminamos con leyes inoperantes que hay que volver a hacer, y así nos vamos pasando años y años’’, manifestó la activista.