Ante la dilación de la ley de de-saparecidos, el gobierno federal se comprometió a avanzar en cuanto a las nuevas políticas públicas en esa materia: registro nacional de personas desaparecidas y el fortalecimiento de las unidades de búsqueda en las procuradurías y fiscalías, principalmente.

‘‘Somos respetuosos de los tiempos del Senado y ahora de la Cámara de Diputados. Hay condiciones, sin embargo, para trabajar de aquí al arranque del próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre, con base en los acuerdos ya amarrados’’, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa Cifrián.

La indicación es preparar todos los elementos posibles para arrancar con su operación en cuanto reciba el aval en San Lázaro. Al menos en la SG consideran que la aprobación por parte de los diputados es ‘‘inminente’’ .

El subsecretario agregó: ‘‘Podemos aprovechar estos meses del receso para ir adelantándonos a la aprobación y la publicación de la ley, y prácticamente arrancar de inmediato con cada uno de estos instrumentos’’.

Colectivos de familiares de desaparecidos, el grupo del Alto Comisionado de Naciones Unidas que analiza esta problemática y la Cruz Roja Internacional exigieron a la Cámara de Diputados –instancia revisora– concluir el proceso legislativo.

Campa dijo que aquellos que critican el dictamen aprobado el jueves en el Senado, acerca de una supuesta intención de generar impunidad para responsables de desapariciones forzadas en años y décadas anteriores, desconocen el contenido de esta nueva norma.

‘‘La ley tiene la definición precisa del tipo penal, de desaparición forzada, es decir, la que cometen agentes del Estado, y también aquella de responsabilidad de particulares.’’

Creemos –añadió el funcionario– que se dio un paso muy importante en el Senado, porque se opera para revertir la situación actual rompiendo la cadena de impunidad; para esto hay dos elementos de la ley fundamentales: definición clara del tipo penal de desaparición (forzada y cometida por particulares) y el fortalecimiento de las fiscalías.

El otro objetivo que se persigue es que las familias cuenten con un esquema de búsqueda realmente eficaz.

‘‘Hay condiciones para empezar a trabajar de inmediato a fin de que en cuanto se apruebe la ley los instrumentos estén listos. Por lo que hace a los registros de desaparecidos, hemos empezado a trabajar con la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República para adelantar estos procesos’’, indicó.