La Asamblea Legislativa (ALDF) reforzará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación su postura de que debe ser la Asamblea Constituyente, y no el órgano de gobierno legislativo, la que debe responder a las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra de diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Luego de que el ministro encargado de elaborar el proyecto de sentencia, Javier Laynez Potisek, dio por cumplido el requerimiento a la ALDF para que rindiera un informe y entregara los archivos del Constituyente, le pidió ahora que formule por escrito sus alegatos y le fijó un plazo que vence el próximo miércoles.

El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna Estrada, informó que notificó de dicho requerimiento a los ex integrantes de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, que presidió el senador Alejandro Encinas, quienes fueron designados como sus delegados acreditados y se reunirán el próximo martes a fin de elaborar la respuesta correspondiente.

Luna afirmó que en la respuesta para dar cumplimiento a esta formalidad se fortalecerá también el recurso de reclamación promovido por Encinas a nombre de la Constituyente, controvirtiendo la determinación del ministro Laynez de no reconocerlo como autoridad responsable en la defensa del texto constitucional y haber transferido ese carácter a la ALDF y al jefe de Gobierno.

Dicha reclamación, que deberá resolver el pleno de la Corte, sostiene que la reforma constitucional en materia de Reforma Política de la Ciudad de México dispuso un plazo para el cese de las funciones del Constituyente, pero no lo extinguió ni disolvió, por lo que subsiste su personalidad jurídica para efectos de representación, defensa y rendición de cuentas.

Luna reiteró a la Corte el exhorto que le hizo la ALDF el 18 de abril, mediante un punto de acuerdo, para que resuelva lo más pronto posible a fin de legislar con certeza jurídica temas como la norma electoral, ante los plazos legales que marca la legislación federal y local.