Especialistas en temas de enseñanza criticaron el nuevo modelo presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y auguraron que fracasará porque no tiene el consenso de los actores del sector.

Durante el panel en el que se debatió el tema educativo, como parte de los foros universitarios La UNAM y los desafíos de la nación, investigadores de la casa de estudios señalaron que hay un déficit de tres puntos porcentuales en el presupuesto que se debería destinar al sector, que el derecho a la enseñanza no se cumple y que la evaluación no garantiza la calidad.

Imanol Ordorika, del Instituto de Investigaciones Económicas y titular de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM, subrayó que el llamado nuevo modelo educativo está condenado al fracaso.

Esto, enfatizó, porque ni es modelo ni es nuevo, porque no cuenta con el consenso de quienes lo van a aplicar (los docentes) y porque nadie tiene el compromiso político con el mismo, pues se trata de un proyecto de polarización política y social. No lo hará, subrayó, el aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco lo haría el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza.

Ordorika definió la reforma educativa como un engaño, un mito y un fraude. Engaño, porque nos han querido hacer creer que los problemas de la educación en México se deben a que los maestros son malos, poco comprometidos y corruptos; el mito es en la evaluación, cuando nos dicen que con base en ella se resuelve el problema, y el fraude porque hay un millón 200 mil maestros y la ley que ellos mismos hicieron los obligaría a evaluar al menos a 500 mil cada año, pero sólo lo han hecho 150 mil en este periodo, y lo siguen posponiendo para después de 2018, porque quién sabe cómo vienen las elecciones.

Javier Mendoza, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, señaló que la inversión pública en educación tiene un rezago fuerte.

Los recursos destinados al sector en 2016 ascendieron a 1.2 billones de pesos, entre aportaciones públicas y privadas, esto es, 6.4 por ciento del PIB, pero si se considera sólo el gasto público, la cifra invertida fue de poco menos de un billón, equivalente a 5 por ciento del PIB. Esto está tres puntos porcentuales por debajo de lo que establece el artículo 25 de la Ley General de Educación, la cual mandata que el Estado (Federación, estados y municipios) debe destinar al menos 8 por ciento del PIB para el sector, señaló.

Mario Rueda, también del ISSUE y ex presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, resaltó que no hay datos que muestren que la evaluación docente repercuta en mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje.

Sin explotar resultados

Además, dijo, ya tenemos miles y miles de resultados que no son debidamente explotados y que podríamos usar para tomar medidas; algunas evaluaciones reiteran lo que ya sabíamos hace una década, por ejemplo, que los peores resultados de aprendizaje están asociados con estudiantes que tienen las peores condiciones. Eso ya lo sabemos, para qué hacemos otra vez esas pruebas a los mismos estudiantes, sobre todo si no se han tomado medidas al respecto.

Roberto Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Sociales, señaló que en el país hay normas afirmativas en materia educativa, pero éstas no se cumplen, lo que lleva a un déficit en el derecho a la instrucción pública.

Al inaugurar el foro, Hugo Casanova, coordinador de este panel, aseveró que la educación en México vive aún un déficit cuantitativo francamente incomprensible para un país que, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es la undécima mayor economía del mundo. Si bien, mencionó, en primaria y secundaria hay una cobertura de 97 y 93 por ciento, respectivamente, el resto de los niveles están por debajo de lo esperado.