Un pobre debate, sin respuestas a los reclamos opositores, precedió a la aprobación de la cuestionada reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Con ésta, los derechos de las audiencias palidecen, se retornará a la autorregulación de los concesionarios de los medios electrónicos, circunstancia ya superada hace años y, sobre todo, se abre la puerta para incluir en sus contenidos información política con el molde de publicidad.

De nuevo prevaleció la lógica de que ante un mayor número de votos no hay argumento que fructifique. Otra vez el notable ausentismo de los diputados fue evidente –casi una quinta parte no se presentó a trabajar ayer–, no obstante, los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) se impusieron en la votación final con 208 votos en favor de la reforma, nueve abstenciones del Partido Encuentro Social (PES), 192 en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Morena y Movimiento Ciudadano.

Desde el inicio de la presente semana, los dados estaban cargados en favor de la polémica reforma. El miércoles recibió trámite de publicidad en la Gaceta Parlamentaria, y ayer fue enlistada como primera de las reformas a someterse a votación.

Venden los derechos sociales

Antes de iniciar la sesión, representantes de 16 organizaciones civile0s –entre ellas la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Artículo 19, el Poder del Consumidor, Fundar, Observatel– describieron su postura en torno al proceso de elaboración del dictamen: Nos oponemos a que el pleno de la Cámara de Diputados sancione este dictamen, impulsado y aprobado por legisladores de PAN, PRI y PVEM en la Comisión de Radio y Televisión. Esta contrarreforma se hace con la anuencia de los dirigentes de los partidos mencionados en vísperas de importantes procesos electorales, por lo cual se hace evidente que dichos partidos, y sus representantes en el Congreso están vendiendo los derechos de la sociedad mexicana a cambio de favores de las televisoras y de los grupos de radio comerciales, otorgándoles privilegios indebidos.

Les secundaron diputados del PRD y Movimiento Ciudadano. Por este último partido, Jesús Álvarez Maynes defendió la propuesta de su coordinador, Clemente Castañeda, quien había presentado una iniciativa en materia de libertad de expresión –que después fue retirada por el mismo Castañeda–, pero que finalmente fue asumida en su espíritu por la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, Lía Limón (PVEM).

Así, con un caudal de reclamos de los diputados del PRD, Morena y MC, inició la sesión ordinaria. Esos tres partidos presentaron en tribuna la misma cantidad de mociones suspensivas, intentando frenar la inminente aprobación del dictamen. Guadalupe Acosta Naranjo, Ángel Antonio Hernández y Castañeda, reprocharon los modos y la forma fast track que –dijeron– se utilizó para darle trámite.

La respuesta de Lía Limón –hija de Miguel Limón Rojas, secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Ernesto Zedillo– fue escasa de contenido, y ocupó el tiempo designado para la argumentación a defenderse, pues la acusaron de promover la aprobación sin haber recurrido a la norma jurídica y por su incapacidad política para negociar con los actores principales del tema. Recurrió incluso al lugar común: “Es absolutamente falso que no se cumplió con el procedimiento en la Comisión de Radio y Televisión. Dicha instancia convocó a sesión en tiempo y forma, dio tiempo para que los integrantes pudieran conocer, analizar y leer el dictamen… y quiero hacer una aclaración para quienes dicen que hay que debatir más; que si se debaten más otros temas, éste por qué no se debate más. Da igual, aunque se debata más van en contra. Ya vimos lo que pasó con los delfines, se debatió al cansancio y de todos modos se pararon tres veces del pleno.”

Como este diario documentó, la reforma sí socava las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, minimiza los derechos de las audiencias, y coloca a los concesionarios en el terreno de la autorregulación. No será posible siquiera que la autoridad los revise en ese ámbito.

Lo que ocurrió a lo largo de cuatro horas en el salón de plenos de la Cámara de Diputados fueron escenas del llamado derecho al pataleo de los opositores a tan delicado dictamen: el PRI, el PAN (con Federico Doring al frente como promotor de la iniciativa) y la telebancada del PVEM, simplemente guardaron silencio, no respondieron a los reclamos y esperaron al termino de la sesión para aplicar –junto a Nueva Alianza– lo único que cuenta en estos casos, la fuerza del voto.