El Senado aprobó ayer la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, una legislación que hacía falta desde hace 50 años y que era necesaria cuando el hoy Comité Eureka, de Rosario Ibarra, inició su lucha y lanzó el grito ‘‘¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!’’

Legislación que, según expresaron en tribuna legisladores de PT, Morena y PRD, comenzó a dibujarse hace 14 años, cuando se presentaron las primeras iniciativas y se hizo imprescindible luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en momentos en que México se ha convertido en ‘‘una gran fosa clandestina’’, con cerca de 30 mil desaparecidos reconocidos oficialmente.

La legislación se aprobó con 90 votos en favor, tres en contra y tres abstenciones, en el cierre del periodo legislativo. Panistas, perredistas y petistas sostuvieron que es un logro importante para dar respuesta a ‘‘una tragedia que se reproduce sin cesar’’, pero reconocieron que tiene deficiencias que deberán corregirse a futuro.

Las presidentas de las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos, Cristina Díaz (PRI) y Angélica de la Peña (PRD), respectivamente, destacaron que la ley tomó en cuenta a los colectivos y organizaciones de familiares de las víctimas de desaparición forzada.

Es una ley ‘‘desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas’’, advirtió la priísta Cristina Díaz. Sostuvo que el Estado mexicano tendrá un instrumento valioso para atender la problemática de las desapariciones en México, que ha tomado dimensiones nunca antes vistas en la historia del país, vulnerando la dignidad, la libertad y la seguridad de los mexicanos.

La senadora perredista Iris Vianey Mendoza y sus ex compañeros de bancada Luis Humberto Fernández y Fidel Demédicis, recordaron a los desaparecidos durante la llamada guerra sucia de los 70 y la batalla que en los años recientes han emprendido cientos de familias para obligar al Estado a buscar a sus seres queridos, víctimas del crimen organizado, en complicidad muchas veces con autoridades para hacerlos desaparecer.

El panista Héctor Flores aludió a diversas deficiencias, entre ellas, incluir ‘‘de manera entrelazada’’ lo que tiene que ver con la desaparición forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Uno de los puntos más controvertidos de la ley fue el de los tipos penales. La inclusión de la categoría Persona no localizada , impuesta por el gobierno federal y referida a aquellas desaparecidos de los que no hay evidencias de que su ausencia obedezca a un delito, fue motivo de largas discusiones en meses recientes.

Panistas, perredistas y ex perredistas presentaron ayer reservas para eliminar esa categoría. El ex perredista Armando Ríos Piter insistió en que no existe ningún referente en la legislación internacional ‘‘que llame no localizados a los desaparecidos. El senador exigió llamar a las cosas como son.

La legisladora del PAN Marcela Torres advirtió que la pretensión del gobierno federal es ‘‘maquillar las cifras y que no se reconozca la magnitud del problema con cifras alarmantes de desaparecidos superiores a las que se dan en naciones en guerra’’.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, comentó que si bien quedó en el dictamen, se logró que los No localizados deban ser buscados de inmediato por la Comisión Nacional de Búsqueda, al igual que los desaparecidos.

El coordinador de PT-Morena, Manuel Bartlett, sostuvo que la ley no tendrá ningún impacto ‘‘contra la masacre que vive el país’’, porque no estipula la responsabilidad de superiores jerárquicos. Layda Sansores agregó que la legislación no toca a los mandos militares y policiacos, una de las causas por las que ‘‘Ayotzinapa sigue siendo un dardo en el corazón del pueblo mexicano’’.

La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados.