Debido al formato del debate en torno a la exposición de Jill Magid en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (Muac) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), efectuado ayer, Enrique X. de Anda, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de esa casa de estudios decidió no dar lectura al posicionamiento de las personas inconformes con esa muestra.

En el texto argumentan que “no existe, ni ha existido, ninguna intención de pedir que se cancele esta exposición. Pensamos que el diálogo sobre esta exposición, dadas sus implicaciones legales y éticas, tenía que haber sucedido antes de su programación; sin embargo, nunca ha habido una petición de censura, aunque el Muac sí censuró una petición de incluir un espacio crítico en el área de exposición.

“Alguna de las personas aquí presentes quisieran hacerlos pensar que nuestra crítica se origina desde un aspecto moral, se equivocan. Nuestra crítica a esta muestra se da en dos ejes, el legal/ institucional y el ético; no es asunto de este diálogo lo moral o lo artístico.

“Quisiéramos partir a través de aclarar falsedades en la narrativa de la señora Magid, en concreto: contrario a lo que la señora Magid asevera, la familia Barragán no dio su autorización de manera unánime para retirar las cenizas de Luis Barragán de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres; el archivo no fue un ‘regalo de compromiso’, su adquisición se realizó con el objetivo de que el archivo de Luis Barragán no se dispersara en su venta y se mantuviera íntegro.

“La doctora Federica Zanco nunca ha sido ni es la dueña del archivo; la accesibilidad al archivo y sus lineamientos de uso son similares a los de muchos archivos públicos y privados, incluso a los que se resguardan en el Muac.

“A pesar de que la Secretaría de Cultura de Jalisco, la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán y la Casa Barragán niegan su apoyo a Jill Magid, la artista públicamente ha agradecido su participación y gestión.

“Contrario a lo que la artista afirma, Jill Magid nunca ha contado con el apoyo o aval de instituciones culturales del gobierno federal.

Nos parece incongruente que una artista se queje de la adquisición de archivos y derechos de autor por parte de privados extranjeros cuando, siendo ella misma una persona privada y extranjera, su proyecto de arte implicó la privatización de un bien público para fines comerciales.