La lista que envió el presidente, Enrique Peña Nieto al Senado de quienes se incorporarían a las sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y sus cinco salas regionales –encargadas de sancionar fallas administrativas graves de funcionarios– se procesó de forma poco transparente, por lo que no da certeza acerca de que las personas postuladas sean las idóneas para ocupar ese cargo, advirtieron los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción.

La designación de los 18 magistrados por el Presidente de la República, y sometidos a la ratificación del Senado, no fue producto de un proceso transparente y abierto de cara a la sociedad, que garantizara el contraste de capacidades técnicas y la certeza de que las personas nombradas son idóneas para ese cargo. Ello queda a deber a los mexicanos y deja mucho que desear en la construcción de las instituciones que se requieren como cimiento para acabar con uno de los flagelos que más afecta el desarrollo de México.

El CPC definió como una de las piezas clave la integración de la sala superior y las cinco salas regionales –cada una integrada por tres miembros– por el papel que tendrán en el combate a la impunidad que ha dañado la vida institucional, social y política del país.

Por ello, subrayaron la importancia de que estos 18 cargos recaigan en personas de absoluta probidad, con las capacidades técnicas, jurídicas y éticas necesarias para que su desempeño sea eficaz y respondan a las exigencias sociales.