Concedió incentivos ilegales a Kia, señala la Fiscalía
Pesquisa incluye a esposa y padre de Rodrigo Medina de la Cruz
Jueves 27 de abril de 2017, p. 16
Monterrey, NL.
La Fiscalía Anticorrupción del gobierno de Nuevo León acusará al ex gobernador de extracción priísta Rodrigo Medina de la Cruz, por el delito de enriquecimiento ilícito, informó el subprocurador en combate a la corrupción, Ernesto Canales Santos.
Señaló que en los próximos días presentará ante el juez de control la nueva carpeta de investigación, que por disposición de ley se va a conservar en secreto, cuya acusación también incluye a la esposa del ex gobernador, Gretta Salinas de Medina, así como al padre del ex mandatario, Humberto Medina Ainsle.
Sí vamos a presentar cargos, pero no puedo adelantar nada. Ahora no podemos comentar, por conveniencia misma del desarrollo de las pesquisas, precisamente no sabe uno, cuando está investigando, hacia dónde va a ir, eso implica indagar, tratar de descubrir
, explicó.
La investigación contra el ex gobernador priísta fue iniciada por la administración del gobernador independiente Jaime Rodríguez, al presumir que Medina de la Cruz se habría enriquecido de manera ilícita, porque en 2015 –antes de dejar el cargo–, adquirió una residencia millonaria en el fraccionamiento Las Misiones y un rancho en el municipio de General Terán.
Detalló que a Medina se le siguen otros tres procesos por ejercicio indebido de funciones, peculado y daño patrimonial. Por estos dos últimos, fue vinculado a proceso el pasado 26 de enero, luego de una audiencia de más de 15 horas que terminó con el internamiento del mandatario en el penal del Topo Chico, aunque salió libre 19 horas después con un amparo.
Canales Santos acusó que Medina de la Cruz otorgó incentivos ilegales y exenciones de impuestos a la empresa automotriz KIA por 3 mil 600 millones de pesos, lo cual fue rechazado por el ex mandatario del tricolor.
La investigación forma parte de la Operación Tornado, como llamó el gobierno estatal a la indagatoria iniciada el año pasado por diversos delitos contra funcionarios y proveedores de la administración anterior.
