Debido a que la migración y necesidad de refugio se han incrementado en la región, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) comenzó a operar nuevamente en México, luego de más de 17 años de haber cesado actividades en el país.

En conferencia de prensa, el sacerdote Arturo González González, director del SJR, y del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), precisó que en los pasados cinco años México se ha ido convirtiendo de un país de tránsito a un país de refugio y acotó que según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) más de 400 mil personas pasan por el país cada año y, de ellas, 150 mil necesitan protección internacional”.

Cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) indican que el número de solicitantes de refugio ha aumentado en los pasados cuatro años. Mientras que en 2015 se presentaron 3 mil 424 solicitudes, en 2016 se realizaron 8 mil 781, es decir, hubo un aumento de 156 por ciento, pero la repuesta de México está muy por debajo de las necesidades de protección, dado que en 2015, el gobierno solo otorgó 949 estatus de refugio y el año pasado se reconocieron menos de tres mil.

Precisó que un diagnóstico de la situación realizado por el SJR indica que la gran crisis humanitaria y de derechos humanos de las personas migrantes y refugiados en México se inserta en la gran crisis de derechos humanos que vive el país. Hizo referencia a cifras que evidencian esta realidad. Con Calderón tuvimos más de 100 mil muertes violentas, con Peña Nieto, en 50 meses, al mes de febrero llevábamos más de 90 mil, pero también cada día desaparecen 11 mexicanos, ejecutan a 16 personas, tenemos 28 mil desaparecidos, cinco mujeres son asesinadas cada día y hay 98 por ciento de impunidad. Por este territorio violento y que está en pugna deben transitar los migrantes y quienes cumplen los requisitos para solicitar refugio.

Detalló que los cuatro delitos que más se cometen en contra de este sector son el robo, lesiones, extorsión y secuestro y más de 41 por ciento de estos ilícitos los cometen las policías mexicanas.

Aunado a ello, la política migratoria (mexicana) viola sistemáticamente los derechos humanos, se lucra políticamente con el dolor de los migrantes centroamericanos y los solicitantes y candidatos al refugio en México se enfrentan a un sistemas legal que está diseñado para que dichas personas encuentren dificultades desde el inicio del procedimiento, hasta el reconocimiento de la condición de refugiados.