El Senado de la República aprobó ayer por unanimidad la Ley contra la Tortura y envió el documento al Ejecutivo federal para su promulgación. Así concluyó el proceso sobre esta legislación, que estuvo detenido casi un año en la Cámara de Diputados.

En sesión plenaria, los legisladores avalaron los 21 cambios que hizo la Cámara de Diputados a la minuta que aprobó el Senado el 28 de abril de 2016.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña (PRD), consideró importantes las modificaciones, ya que se logró el establecimiento expreso de la exclusión de toda prueba obtenida mediante tortura u otras violaciones a derechos fundamentales.

La senadora perredista reconoció la actitud de recapacitación del gobierno federal y finalmente en la Cámara de Diputados se acepta la modificación que no se había logrado en el Senado.

Enfatizó que los diputados establecieron que todas aquellas (pruebas) obtenidas por medios legales, pero derivadas de dichos actos, no serán de ninguna manera reconocidas como exclusión de la prueba.

Esos cambios, aseveró, representan uno de los avances normativos más significativos en la lucha contra la tortura y la impunidad en el país.

De igual forma, De la Peña reconoció que la modificación al artículo 13 de la ley es oportuna, ya que los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito, de conformidad con la legislación penal aplicable, ya que así un superior jerárquico no solamente podría ser considerado responsable cuando ordenara a otro la comisión del ilícito.

Destacó la corrección al artículo 16, ya que los servidores públicos investigados o vinculados a proceso no pueden interferir u obstaculizar las investigaciones, además de que pueden ser sujetos de suspensión y se podrá imponerles medidas cautelares, así como las administrativas y provisionales que sean necesarias de conformidad con la legislación.

En tribuna, la senadora perredista lamentó que la única diferencia sustantiva con la Cámara de Diputados es que se eliminó el mecanismo de geolocalización para tener certidumbre de que cuando una persona es detenida de manera legal no será torturada y se entregará de manera diligente al Ministerio Público, y así prevenir otros delitos, como puede ser el de desaparición forzada.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega (PAN), destacó que la tortura y los malos tratos son generalizados, son relatados en distintos informes de carácter internacional. Por ejemplo, el relator especial contra la tortura de la Organización de Naciones Unidas, Juan Méndez, recibió numerosas denuncias de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de la libertad, y conoció casos documentados que demuestran la frecuente utilización de tortura y malos tratos en diversas partes del país.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz (PRI), enfatizó que en la ley se enuncia como principio normativo la prohibición absoluta de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; se armonizan las reglas de responsabilidad penal correspondiente a superiores jerárquicos, se excluye toda prueba obtenida bajo tortura u otras violaciones a derechos fundamentales, entre otros.

La ley se envió al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.