Madrid.

Javier Nava Soria, acusado de fungir como prestanombres y presunto contador de los fondos ilegales hurtados al erario por el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, compareció ayer ante el magistrado de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz en una brevísima visita en la que rechazó ser extraditado a México de forma voluntaria. Esta negativa lo único que le permitirá es ganar tiempo en su estrategia judicial, tanto en México como en España, pues una vez que se cumplan los trámites exigidos por el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua entre ambos países, el supuesto cómplice de Duarte será entregado a las autoridades mexicanas vía extradición.

Nava Soria, un estrecho colaborador de Duarte durante su etapa de gobierno en Veracruz, fue detenido el pasado miércoles por la noche en Barcelona, donde vivió los meses pasados en el anonimato, pero en una zona y urbanización de lujo.

En la misma ciudad, la capital catalana, fungió como cónsul de México hasta febrero pasado el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, quien fue además el padrino político del que sería su sucesor en la gubernatura, Javier Duarte.

Desde su detención y ante la gravedad de los delitos que se le imputan, todos ellos relacionados con la corrupción y el desfalco al erario, Nava Soria ha permanecido bajo custodia policial y siempre vigilado. Ahora, pasadas más de 48 horas, el juez Pedraz –el mismo que llevó el caso que afectó al también priísta Humberto Moreira, quien fue investigado en España por supuestos vínculos con el crimen organizado y con el cártel del Golfo– le tomó la declaración inicial.

El primer encuentro de Nava Soria con la justicia española fue escueto y rápido, en una breve visita en la que se le informó de las razones por las que había sido detenido –está acusado de malversación de fondos públicos y de organización criminal– y la petición de entrega que había girado la Procuraduría General de la República (PGR) por conducto de Interpol, con lo que tenía dos opciones: aceptar de forma voluntaria la extradición o entrega directa a las autoridades mexicanos o, en caso de rechazar viajar lo antes posible a México para responder por los delitos por los que se le acusa, será trasladado a una prisión de alta seguridad hasta que finalice el proceso de extradición.

Una vez que Nava rechazó ser extraditado, ahora la PGR tiene la obligación de entregar, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la petición formal de extradición a la Audiencia Nacional, responsable de emitir el fallo final. El plazo es de 45 días. Ayer mismo, el canciller de México, Luis Videgaray, aseguró en una visita oficial a España que girarán la petición de extradición contra Nava con prontitud y en los cauces habituales. El fallo final lo tendrá que emitir la sala de lo penal del Tribunal Supremo español, integrada por los jueces Fernando Grande-Marlaska, Manuel Francisca Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro, Nicolás Poveda Peñas y Juan Ramón Sáez Valcárcel.