A punto de concluir el periodo ordinario de sesiones en el Senado, se perfila que el nombramiento del fiscal anticorrupción se hará en un eventual extraordinario y quedará pendiente a la ratificación de los 18 magistrados responsables de dictar sanciones administrativas a los funcionarios que incurran en delitos de corrupción graves.

En el caso de los magistrados, el presidente Enrique Peña Nieto no ha remitido aún los nombramientos, a pesar de que el plazo legal vence el próximo día 30, cuando concluye el periodo de sesiones. Ayer, senadores de PT-Morena y PAN exigieron al titular del Ejecutivo federal que lo haga de inmediato, toda vez que se trata de un tema toral para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El senador Miguel Barbosa, integrante del bloque parlamentario –y adscrito a la bancada del PT-Morena– llamó a Peña Nieto a hacer llegar los nombramientos y resaltó que espera que la lista con los 18 magistrados de la sala superior y regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no llegue el último día del periodo y esté conformada por amigos e incondicionales.

Explicó que parte de la legislación secundaria de la reforma constitucional que dio vida al SNA, en mayo de 2015, fue la creación de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.

En la misma se impuso que el Ejecutivo federal debía enviar los nombramientos de tres magistrados de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa y otros tres por cada una de las cinco salas regionales a más tardar en el periodo de sesiones previo a la entrada de esa ley, que será el 19 de julio próximo.

Por su parte, los senadores panistas Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks, y los ex perredistas Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas advirtieron que a nueve días de que concluya el periodo de sesiones ya no habrá tiempo para un análisis riguroso. No estamos de acuerdo en que se piense en desahogar en una semana los nombramientos, recalcó Barbosa.

Consideró que es retraso de Peña Nieto los nombramientos de magistrados y que la decisión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, de expedir un decreto para crear una Fiscalía Anticorrupción sometida al gobierno federal, forma parte de una estrategia para simular que existe la intención de ir a fondo en el combate a la corrupción, aunque en realidad se obstaculiza.

Expuso que es muy difícil que se llegue a un acuerdo en torno al fiscal anticorrupción, sobre todo porque no se ha aprobado la reforma constitucional que evita el pase automático de Cervantes a la Fiscalía General de la República y lo más probable es que quede pendiente para un periodo extraordinario, luego de las elecciones en el estado de México.

Los senadores Encinas y Ruffo consideraron que no tiene caso nombrar a un fiscal dependiente del titular de la PGR. No sólo es una simulación lo hecho por Cervantes, sino un error, desvirtúa todo el proceso de una fiscalía sin autonomía. Es dar marcha atrás al proceso en torno al SNA, comentó el ex perredista,

Sobre el tema, el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, dijo que el decreto de Cervantes es una burla a los mexicanos y exigió al gobierno federal sacar las manos del sistema anticorrupción y permitirle que nazca bien. Queremos un fiscal autónomo en términos de gestión y de presupuesto.

El presidente del Senado, Pablo Escudero, consideró que las críticas a Cervantes son por desconocimiento y mala fe, ya que el decreto que emitió para crear la Fiscalía Anticorrupción está basado en la Ley Orgánica de la PGR.