El PRD condenó el asesinato de Demetrio Saldívar, secretario general de ese partido en Guerrero, y advirtió que no admitirá como causa del crimen supuestos vínculos con la delincuencia organizada. La dirigencia partidista buscará reunirse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con el gobernador del estado, Héctor Astudillo, para exigir el esclarecimiento del atentado.

Alejandra Barrales, presidenta del PRD, pidió al gobierno federal que garantice la seguridad de los guerrerenses, tras considerar que las autoridades locales no están respondiendo y ha habido claras muestras de que podrían estar involucradas en estos actos.

Resaltó que en menos de 15 días tres dirigentes del sol azteca han sido víctimas de estas situaciones en Guerrero; dos de ellos perdieron la vida y uno más, Catalino Duarte, está secuestrado, además de que casi 20 alcaldes han sido amenazados. Es la confirmación de un estado fallido, particularmente en Guerrero, subrayó.

A su vez, la coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, cuestionó que siga creciendo la larga lista de militantes de este partido que han perdido la vida en el desempeño de sus actividades políticas.

Han sido asesinados indistintamente por caciques locales, por policías municipales o gavilleros contratados por adversarios políticos para acallar sus voces críticas con la finalidad de debilitar la conformación de una fuerza de izquierda comprometida con la gente, manifestó.

Citó los casos de Gisela Mota (Morelos), José Villanueva (Oaxaca) y Amado Islas, Roger Arellano, Ambrosio Soto y Catalino Duarte (Guerrero), que han sido asesinados y/o desaparecidos en circunstancias extrañas, casos aún sin aclarar por las autoridades.

El PRD en la Cámara de Diputados resaltó la grave situación de inseguridad que vive Guerrero y afirmó que el gobierno estatal ha quedado rebasado por la actuación del crimen organizado. Prácticamente hay un escenario de ingobernabilidad, resaltó.

Los diputados perredistas consideraron que está haciendo crisis la estrategia de seguridad de las autoridades federales y estatales, mientras en San Lázaro sigue detenida la minuta del Senado sobre mando mixto policial.