La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió el escrito que presentó la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) para argumentar la validez de los preceptos de la Constitución Política de la Ciudad de México contra los que se promovieron controversias y acciones de inconstitucionalidad.

Perla Gómez Gallardo, presidenta del organismo, informó que la Corte abrió un expedientillo auxiliar en el que se depositó, para ser valorado, el documento que presentó el pasado 28 de marzo, aun cuando no reconoce al organismo como autoridad responsable porque no fue señalada por las propias instancias que promovieron los recursos contra el texto constitucional.

Entrevistada luego de participar en un foro sobre derecho alimentario en la Asamblea Legislativa (ALDF), explicó que con esta determinación el máximo órgano jurisdiccional sí considerará y valorará los argumentos que la sociedad, las instituciones autónomas y las organizaciones quieran hacer valer en defensa de la Constitución local y que se irán agrupando como amicus curiae en dicho expedientillo.

Indicó que además de buscar audiencias con las ministras y ministros de la SCJN para exponer sus argumentos, se coordinará con quienes tienen carácter de autoridad responsable, la ALDF y el Ejecutivo local, por conducto de la Consejería Jurídica, para presentar el amicus curiae en respaldo a sus argumentos.

Argumentos en contra

En contraparte, para exponer en contra de la Constitución Política local por considerar que transgrede la autonomía del Tribunal Superior de Justicia capitalino, el presidente de dicho órgano, Álvaro Augusto Pérez Juárez, anunció que buscará también reunirse con ministros de la SCJN.

En entrevista aparte, explicó que la controversia presentada contra los artículos 35 y 37 del texto constitucional –en los cuales se establece la creación del consejo judicial ciudadano para designar a los integrantes de la Judicatura— señala que estará integrado por un número de personas notables, para empezar ya utilizamos el calificativo notables. Van a nombrar a los consejeros de la judicatura, van a proponer a los magistrados y a los jueces.

Aclaró que no se trata de impedir la participación ciudadana, sino la intromisión del Poder Legislativo, que aprobará la integración del Consejo Judicial Ciudadano a partir de propuestas de instituciones académicas, civiles y sociales.