Nueva York.

La deportación a México este miércoles de una madre sin antecedentes penales que solicitaba asilo, junto a la primera deportación de un dreamer, acalambraron a la comunidad inmigrante y sus defensores en Estados Unidos, y alimentan la creciente ola de temor que aparentemente es justo el objetivo de la política antimigrante del presidente Donald Trump.

Maribel Trujillo Díaz fue deportada a la Ciudad de México desde un centro de detención en Luisiana, después de ser arrestada en Ohio, donde ha vivido con su familia durante 15 años sin ningún antecedente criminal. Sus cuatro hijos, la más pequeña de tres años de edad, tienen ciudadanía estadunidense y su caso, para los críticos, dejó en claro que el enfoque de las nuevas políticas de Trump no está en los criminales, sino en detonar el temor de que cualquier inmigrante indocumentado puede ser deportado.

El caso llamó la atención nacional con una petición de más de 700 líderes religiosos de todo el país –incluidas las arquidiócesis católicas de Cincinnati y Nueva Orleáns– y miles de ciudadanos estadunidenses que solicitaron suspender la deportación, pero las autoridades decidieron ignorar eso. Más aún, Trujillo tenía un caso de asilo pendiente y vivía en Ohio según las condiciones de una orden oficial cumpliendo con todos los requisitos. A pesar de todo, de repente fue arrestada en la calle, enviada a un centro de detención a miles de kilómetros de su familia y este miércoles fue deportada.

Kathleen Kersh, abogada de Trujillo, declaró: la deportación de Maribel demuestra que el gobierno de Trump no está enfocado en deportar criminales, sino en separar a madres de sus hijos. Es terrorífico que niños estadunidenses sean ahora los que paguen el precio de estas políticas crueles. Kersh, quien trabaja con la organización Advocates for Basic Legal Equality (ABLE), afirmó que la petición de asilo de Trujillo continúa pendiente.

Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice Education Fund, organización de abogacía por los derechos de inmigrantes, dijo que este caso demuestra que la fuerza de deportación del gobierno de Trump va detrás de cualquiera y advirtió que desafortunadamente el de Maribel no será el último caso de este tipo.

Por otro lado, se reveló que Juan Manuel Montes, de 23 años, beneficiario del programa de deportación diferida (DACA, por sus siglas en inglés) otorgado durante la presidencia de Barack Obama a más de 700 mil jóvenes que inmigraron a este país sin documentos cuando eran menores de edad (conocidos como dreamers), fue expulsado a México el 19 de febrero por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza.

Aunque abogados del Centro Nacional de Ley de Inmigración siguen tratando de esclarecer los hechos sin contar aún con una respuesta de las autoridades, todo indica que es el primer dreamer deportado por Trump.

Según United We Dream, por lo menos otros 10 dreamers están detenidos por las autoridades migratorias. Otros dos casos de alto perfil, los arrestos de Daniel Ramírez Medina el 10 de febrero en Seattle y de Daniela Vargas en Misisipi en marzo, generaron atención nacional y sólo después de intensa presión popular y legal, ambos fueron liberados.

Los beneficiados del programa DACA viven en la incertidumbre sobre su situación desde la elección de Trump. Se trata de un permiso para residir y trabajar de manera temporal que se tiene que renovar cada dos años. Pero la oficina de Inmigración y Aduanas declaró en marzo que el programa no es un estatus legal protegido, pero beneficiarios activos típicamente caen a un nivel más bajo en la aplicación de la ley.

A la vez, John Kelly, secretario de Seguridad Interior, ha reiterado que ningún indocumentado está exento de acción legal. El procurador general, Jeff Sessions, ha girado órdenes a los fiscales federales de dar prioridad la persecución de inmigrantes indocumentados.

Todo esto aumenta cada vez más el temor entre comunidades inmigrantes y aparentemente ese es el objetivo.

Kelly festejó esta semana que en algunos sectores de la frontera se reporta un desplome de 70 por ciento en cruces ilegales debido, según él, a la nueva política de deportaciones e incluso a los preparativos para la construcción del muro. “La atención prestada a la frontera ha creado tanta confusión… que creo que ellos (los inmigrantes) están esperando para ver qué ocurre”, comentó en un programa de NBC News.

Políticos, líderes religiosos, defensores de derechos civiles y organizaciones inmigrantes siguen con la denuncia de que todo esto es cruel y va en contra de los valores estadunidenses.

La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes Nancy Pelosi acusó a Trump de haber desencadenado una rastra de deportación indiscriminada, atroz e inhumana, una política que aterroriza a jóvenes patrióticos con una “crueldad contra dreamers que es contraria a nuestros valores. Vergüenza”.

El ex general Kelly, en un foro el miércoles, repudió las críticas al trabajo de sus agentes federales, incluidos los de migración, y sugirió que aquellos legisladores que no estén de acuerdo deberían reformar las leyes que ellos mismos aprobaron y que sus agentes hacen cumplir, o deberían callarse y apoyar a estos hombres y mujeres en el frente.

Pero es en las ecalas local y estatal donde el gobierno de Trump enfrenta la mayor oposición a sus políticas de migración. Activistas continúan organizando movilizaciones para el primero de mayo en defensa de los derechos de inmigrantes y trabajadores por todo el país, y en protesta contra las nuevas políticas.

Una “caravana contra el temor” avanza por los estados fronterizos con la finalidad de promover más resistencia y defensa de derechos, y para convocar a la movilización del primero de mayo.

A la vez, en más de 100 ciudades santuarios (que aplican diversas medidas para no cooperar con autoridades migratorias federales en la detención de inmigrantes sólo por ser indocumentados) se intensifica el debate sobre si defender a las comunidades de la deportación ante la amenaza de que podrían perder financiamiento federal del Departamento de Justicia.

Algunas, como el condado de Miami-Dade, ya cedieron, lo que ha provocado una fuerte controversia en una ciudad que es mayoritariamente inmigrante. Otras han adoptado medidas legales para desafiar al gobierno federal. Esta semana Sessions reiteró su acusación de que las ciudades santuarios son una amenaza para la seguridad del país y ayudan a los cárteles del crimen organizado.

En este contexto crece el coro de jefes de policías locales y de jueces –incluida la jefa de la Suprema Corte del estado de California, Tani G. Cantil-Sakauye–, entre otras autoridades municipales y estatales que denuncian que las nuevas políticas están minando la relación de confianza y cooperación entre las autoridades de seguridad pública y las comunidades.