Río de Janeiro.

La justicia brasileña pidió investigar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de corrupción en varios casos, por ayudar supuestamente a la constructora Odebrecht a obtener obras en Cuba, aseguró el diario Estado de Sao Paulo, citando documentos judiciales bajo secreto.

Entre las 25 solicitudes hechas por la fiscalía brasileña al Tribunal Supremo y que están aún bajo secreto judicial se menciona también a Odebrecht por obras realizadas en Venezuela, así como por la presunta financiación ilegal de campañas presidenciales en Perú y El Salvador, según el rotativo. Las sospechas en estos tres últimos casos ya habían sido mencionadas con anterioridad.

El periódico fue el primero en revelar la semana pasada detalles sobre la lista de un centenar de políticos brasileños denunciados por corrupción por la empresa en su cooperación con la Justicia. El juez del Supremo a cargo de las investigaciones en esa corte, Edson Fachin, autorizó después la publicación de casi todas las denuncias apuntando al interés público, pero mantuvo esos 25 casos bajo secreto judicial.

Según Estado, uno de ellos incluye el pedido de investigar a Lula y al ex gobernador del estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, por su presunta intervención para ayudar a Odebrecht a obtener las obras del Puerto de Mariel en Cuba. La empresa brasileña es la principal constructora del megapuerto ubicado unos 40 kilómetros al oeste de La Habana.

El Puerto de Mariel es el principal proyecto de infraestructura en décadas impulsado por el gobierno de Raúl Castro, con lo que aspira a convertir en un eje comercial regional como parte de sus reformas de mercado para intentar superar la crónica crisis económica en la isla.

Como es habitual en Cuba, las obras de Mariel fueron concedidas sin licitación pública. Los gobiernos de izquierdas de Lula (2003-2010) mantuvieron buenas relaciones con La Habana.

Lula es uno de los acusados más conocidos en la megacausa Lava Jato (Lavado de autos) en Brasil, que investiga a empresas que pagaron sobornos para obtener contratos con la petrolera estatal Petrobras.

Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil presentó a la Comisión de Ética Pública de la Presidencia una petición de salida de ocho ministros del gobierno de Michel Temer investigados por el Supremo Tribunal Federal.

La publicista brasileña Mónica Moura, declaró ante la justicia que las campañas electorales de la ex presidenta, Dilma Rousseff, se financiaron de manera ilegal en 2010 y 2014.

En declaraciones ante el juez federal Sérgio Moro, responsable del gigantesco caso de corrupción en Petrobras, Moura dijo que en 2010 parte de la financiación sin declarar la pagó el PT y parte por la constructora Odebrecht, mientras que en 2014 todo fue pagado sin declarar por el grupo Odebrecht.

Según su declaración, el interlocutor del gobierno para los pagos era el entonces ministro de Hacienda, Guido Mantega, y que anteriormente los pagos sin declarar a las campañas del PT eran con el entonces ministro Antonio Palocci, de 2006 a 2012.