Ocho años después del accidente aéreo en el que falleció el entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, y en el cual el ciudadano francés Paul Henri Giménez resultó con lesiones de por vida, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un dictamen que le da la razón al quejoso, a efecto de que la autoridad fije a su favor nuevos montos de indemnización.

Además, el proyecto propone ordenar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que resuelva si las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes incurrieron en actividad administrativa irregular para establecer la eventual responsabilidad patrimonial del Estado.

El proyecto de dictamen concluye que el tribunal federal debe emitir una nueva sentencia, dirigida a las dependencias referidas, en la que tome en cuenta para el cálculo del monto de indemnización, el concepto de lucro cesante, tomando como límite la esperanza de vida de varones en nuestro país y no solamente el promedio de vida laboral; además, del sueldo bruto de la víctima –que no fue tomado en cuenta–, que inaplique el tope indemnizatorio previsto en el artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, cuantifique el concepto que por daño moral tiene derecho a recibir, que precise el monto a cubrir por concepto de gastos médicos futuros y finalmente que establezca el monto total al que debe ascender la indemnización.