A pesar de que existe la pretensión a escala nacional de impulsar políticas de gobierno abierto que, entre otros aspectos, involucren más a la sociedad en las decisiones de políticas públicas, en los hechos las instituciones adolecen de mecanismos claros que favorezcan la participación ciudadana, según el estudio Métrica de gobierno abierto auspiciado por el Sistema Nacional de Transparencia.

El documento, que fue elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) sobre las diversas variables analizadas en los avances de las estrategias de gobierno abierto de los sujetos obligados, señala que donde existe un mayor rezago en cuanto a su instrumentación y eficacia es en lo que concierne a la participación ciudadana. Sin embargo, también en este rubro hay desbalances importantes, pues mientras en Ciudad de México el índice es de 0.47 –sobre la base de uno como máximo nivel–, en Querétaro es de 0.09.

En el diagnóstico levantado para diseñar políticas que mejoren las prácticas de gobierno abierto, se advierte que “al analizar los componentes que integran la dimensión de participación, se vuelven evidentes los rezagos en la materia.

Son pocos los sujetos obligados que tienen mecanismos formales para que los ciudadanos participen en la toma de decisiones. No obstante, aunque sólo 35.9 de los sujetos obligados tienen mecanismos formalmente establecidos, existen unos informales que permiten la participación. Sin embargo, en 95 por ciento de los casos, no se les da seguimiento a las decisiones que ahí se toman.

Por otro lado, en la valoración de la participación del ciudadano, el resultado es similar, pues cuando se pretende consultar los portales, en muchas ocasiones no contienen información que les sea útil o los mecanismos de contacto (teléfono, correo, etcétera) han resultado absolutamente ineficaces.