Legisladores del PAN y el PRD plantearon que el gobierno federal debe exigir la deportación de Javier Duarte, no la extradición, porque además de que este es un procedimiento que puede tardar varios meses, sólo se le podría juzgar por los delitos que se incluyeron en la solicitud.

Entró a Guatemala de forma ilegal, con un documento falso, y ello obliga a su inmediata deportación. Tiene mucho que aclarar, y nos preocupa que el proceso seguido por el gobierno federal puede llevar meses, dijo el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés.

La coordinadora de los senadores del PRD, Dolores Padierna, manifestó que es sumamente preocupante el tema de la extradición, porque al leer el pliego de extradición de la cancillería vemos que la está solicitando solamente por delitos económicos, que siempre tienen una salida de la cárcel y siempre tienen una forma de alternativa de solucionarse.

Subrayó que es grave que se limiten los delitos. Se tiene que ampliar ese pliego de extradición para que también se le investigue y sancione por los delitos de vínculos con el crimen organizado, las desapariciones forzadas de personas, la persecución a defensores de derechos humanos, de los periodistas asesinados y de los que tuvieron que abandonar el estado por el acoso, intimidación y persecución de que fueron objeto.

Enrique Burgos, senador priísta y presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, en entrevista sostuvo: en efecto, sólo podrá ser juzgado por los delitos por los que fue requerido al gobierno de Guatemala.

–Pero enfrenta acusaciones de vínculos con la delincuencia organizada, se le acusa de la persecución a periodistas, a defensores de derechos y de solapar cientos de desapariciones de personas –se le recordó.

–Se le va a juzgar por lo que se pidió en su extradición, pero eso no excluye que si en lo sucesivo pudieran aparecer otros factores, si se documentan, claro que tienen viabilidad de investigarse y sancionarse.

El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, dijo que debe perseguirse a toda su red de complicidad en los estados y a su familia; deben recibir el castigo que se merecen, no puede tolerar la sociedad una simulación.

En la Cámara de Diputados las posturas de los grupos parlamentarios se enfocaron en una sola exigencia: que regrese lo que se robó.

El PAN demandó que el dinero obtenido por Duarte sea reintegrado a las arcas de Veracruz, que dejó casi vacías. El PRD señaló que el ex gobernador representa la escala más alta de la corrupción en México, y consideró necesario que la Subcomisión de Examen Previo resuelva ya las solicitudes de juicio político en su contra.

La coordinadora de Morena, Rocío Nahle, expuso que a Duarte le deben ser decomisados todos los recursos y ese dinero destinarse a salud, seguridad y desarrollo social para los veracruzanos.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que con la detención de Duarte resulta indispensable que se repare el daño infligido al patrimonio de los ciudadanos de Veracruz, hallándose y regresándose el dinero desviado.

Sentenció que a la captura debe seguirle un proceso legal ejemplar: claro, transparente y con estricto apego a la ley, sin ningún espacio para la impunidad.

Las instituciones tienen como obligación realizar un proceso intachable para que el ex gobernador rinda cuentas a la justicia, dijo.