ás que enviarse instantáneas cartas de felicitación a sí mismo, por los presuntos éxitos contra la impunidad que significaría la detención de dos amigos que hasta hace poco le eran tan políticamente cercanos, Enrique Peña Nieto debería aplicarse en precisar ante la opinión pública nacional los varios puntos oscuros de la narración oficial sobre la más reciente de esas capturas, y la única en la que realmente participaron instancias mexicanas, la de Javier Duarte de Ochoa.

Una primera inquietud generalizada se refiere al viaje en llamativa caravana que realizaron familiares de la esposa del mencionado Duarte, más los hijos de éste, justamente con indicativo destino al lugar donde luego se daría por detectado al ex gobernador de Veracruz. Los tiempos, las formas y las consecuencias de esa insólita excursión (sólo faltó que la propia policía mexicana hubiera volado junto a la parentela que daría la pista final sobre el paradero de Duarte, según los pésimos guionistas oficiales) apuntan más a una concesión especial para el amigo en trance de ser anunciado como detenido, una especie de último deseo en libertad, una provisional despedida de los hijos sin las rejas traumáticas como testigos inmediatos.

Con ese antecedente, cabe preguntar: ¿fue negociada la entrega del personaje que durante años aseguraba contar con la mayor benevolencia de Los Pinos, con una amistad a prueba de todo? ¿La visita familiar fue un último regalo al ámbito privado, antes de pasar a la segunda etapa de la obra política en curso? ¿En el paquete de arreglos se incluyó la virtual declaración de inocencia de la esposa (con todo y documentos falsos), a la que se ha dejado en escandalosa libertad, sin tomar en consideración las evidencias de que actuó en consonancia con su esposo para hacerse de riqueza pública e invertirla de diversas maneras, convencida de merecer abundancia, mientras Veracruz se hunde en carencias e injusticia? ¿Los demás familiares de Karime Macías Tubilla y de su cónyuge ya apresado han sido beneficiados de similar amnistía presidencial?

Las preguntas y las dudas tienen como incubadora la propia secuencia de hechos que se ha ido conociendo, en parte gracias a las diligentes versiones dadas por órganos gubernamentales a periodistas y medios de comunicación, que dan como definitivas las filtraciones, obviamente intencionadas, de los órganos del poder mexicano. Aun si fueran ciertas todas las historias que se han ido liberando, resulta desconcertante que un personaje con tal asedio de un gobierno como el mexicano decidiera refugiarse en un país vecino, de sabida porosidad fronteriza y justamente adjunto a Chiapas, la entidad donde el sacerdote Alejandro Solalinde, particularmente, había señalado que se habría instalado el muy distinguido prófugo. Chiapas fue el refugio escogido por el suegro y otros familiares de Duarte, pero, además, parecería un punto táctico para facilitar encuentros familiares y suministro de recursos documentales y económicos al veracruzano.

Desde luego, resulta digno de una película de enredos enterarse de que Duarte de Ochoa se escondía en uno de los hoteles de gran tráfico turístico en Guatemala. Y las historias específicas de los momentos de la entrega del ex gobernador también parecen tan civilizadas, tan cinematográficas, que de forma natural mueven a la especulación en un país como México, largamente acostumbrado a la simulación en temas políticos y judiciales.

No se pierda de vista, en ese contexto, lo dicho por la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana Hernández, al precisar que el Ministerio Público de ese país recibió apenas este sábado 15 una nota verbal canalizada por medio de la embajada de México en Guatemala, con la petición de aprehender provisionalmente a una persona (Duarte), con fines de extradición (https://goo.gl/uelspR). Lo dicho por la fiscal Aldana al reportero Juan Luis García Hernández, del portal Sin Embargo, no significa abulia de la autoridad mexicana, pues ha de entenderse que no fue hasta ese sábado 15 cuando se dieron cuenta de que Duarte se alojaba en un hotel determinado, pero sí hace preguntarse qué tanto era el interés presionante de la policía mexicana para indagar el destino del prófugo que diversas fuentes gubernamentales insistían desde semanas atrás en que se encontraba en un país de Centroamérica. ¿Ya se sabía dónde estaba guardado el ex gobernador y, llegadas las circunstancias, se activaron los mecanismos para hacerse oficialmente de él?

Otro punto que genera fundadas suspicacias es el relacionado con el alcance de los delitos por los cuales se busca procesar a Duarte y la posibilidad de que le sea respetada la mayor parte de la enorme fortuna acumulada mediante saqueo de las finanzas públicas y, cuando las aguas judiciales bajen de intensidad, pueda disfrutarla con calma. El historial mexicano de la corrupción política está repleto de casos de personajes que, luego de ser sometidos a bombardeo político y mediático coyuntural, logran sortear sus procesos judiciales, salen en libertad y se quedan con la parte sustancial de los bienes y negocios adquiridos de sucia manera. Varios de ellos, como el hermano de un ex presidente de la República que aún vive, logran reintegrarse con cartas a plenitud a la dinámica de la vida social de élite, siempre bien valorados, en esos ámbitos, por el mucho dinero que lograron hacer.

Esos y otros puntos oscuros (¿aceptará Duarte la extradición, para estar pronto en México, o se negará y con ello alargará el proceso, aunque siempre dispuesto a hacer declaraciones con dedicatorias electorales?) contrastan con el júbilo escénico de Enrique Peña Nieto, quien aseguró ayer que las detenciones de Tomás Yarrington (en la que no tuvo nada que ver México, pues fue un asunto entre Italia y Estados Unidos) y de Javier Duarte son un fuerte mensaje contra la impunidad de los políticos. ¡Hasta mañana!

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