Rafael Oñate Farfán, ex director del Reclusorio Varonil Norte, fue imputado, entre otras conductas, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público al permitir la distribución de droga dentro del centro penitenciario.

Sin embargo, el ex funcionario cuenta con un amparo otorgado por la justicia federal para no ser privado de su libertad.

El Tribunal Superior de Justicia informó que la tarde de ayer el juez de control Federico Mosco González encabezó la audiencia de formulación de imputación en contra de Oñate Farfán.

El agente del Ministerio Público lo acusó de permitir la venta y distribución de droga dentro del centro penitenciario a su cargo hasta el primero de febrero de este año, cuando fue separado.

Asimismo, de permitir el uso de teléfonos celulares y computadoras y la realización de depósitos de dinero mediante instituciones bancarias. También se le acusó de permitir a los custodios el cobro de uso de suelo a los internos por el desarrollo de diversas actividades, además de la venta de constancias de buena conducta para que los reclusos obtuvieran beneficios penitenciarios.

El ex directivo se reservó su derecho a declarar; sin embargo, solicitó la duplicidad del término constitucional para que le sea definida su situación jurídica, por lo que será el próximo viernes cuando el juez determine si es vinculado a proceso.