México carece de una ley de agua subterránea, que es la principal fuente de abastecimiento para uso doméstico, urbano, industrial y agrícola, entre otros. No tener una regulación en la materia, señalaron investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pone en riesgo la calidad, distribución, manejo y administración de este recurso.

Por ello, un equipo multidisciplinario formado por la especialista en derecho ambiental María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas; los hidrogeólogos Rafael Huízar, Joel Carrillo y Marcos Adrián Ortega y el geógrafo Gonzalo Hatch, de los institutos de Geología y de Geografía, del Centro de Geociencias y del Programa de Becas Posdoctorales, respectivamente, elaboraron una propuesta de ley de agua subterránea, la primera en su tipo en más de 200 años de historia del México independiente.

En entrevista aseveraron que el agua subterránea debe ser regulada en una ley, toda vez que extraerla de forma irresponsable causa perjuicio a los ecosistemas, al desarrollo económico y social del país, así como a la salud de la población. El uso sin gestión de este recurso es grave y va contra el estado de derecho.

Señalaron que entre 70 y 80 por ciento del agua usada en el país es subterránea y el resto es superficial. Además, de toda el agua dulce continental existente, 97 por ciento está en el subsuelo.

Pese a ello, alertaron, en el país el agua subterránea no se regula, se extrae y se utiliza sin control, no se mide ni se monitorea, no se evalúa de forma precisa ni se realiza un pronóstico sobre su sostenibilidad.

Carmona Lara indicó que existe como antecedente una ley de aguas de 1912, que al pasar a la Constitución de 1917 no tuvo cambio alguno. Para esta norma el agua subterránea es un cuerpo estático y sin movimiento, es decir, una especie de bolsón situado en el subsuelo, por lo que el dueño del terreno tiene la concesión para su extracción y en teoría el derecho de aprovecharla.

Sin embargo, este fluido no es estático; tiene movimiento en el subsuelo, pasa de un acuífero a otro (formación geológica, rocosa y permeable) y viaja en diferentes dimensiones: de forma horizontal y vertical, de arriba hacia abajo o viceversa. Y justo se necesita una ley que identifique y fomente su evaluación científica, regule su cuidado, calidad, cantidad, uso y explotación.

En 2015 el Ejecutivo federal emitió un decreto que señala que en el país hay 653 acuíferos administrativos. Pero de éstos, 126 están sobrexplotados, cifra que se disparó en cuatro décadas, pues en los años 70 el número era apenas de 35.

Para Carrillo esta situación revela que la política de administración del agua no se ha modificado y ha sido deficiente. Carmona y Huízar señalaron que el concepto sobrexplotación no existe jurídicamente, sino que se trata de una forma elegante para hablar del fracaso en la gestión, pues al usarlo lo primero que se piensa es que la gente es la culpable, cuando en realidad el acuífero está mal administrado.

En la propuesta de ley los universitarios plantean la necesidad de crear lineamientos para controlar la extracción, incluyendo parámetros de calidad; instaurar un servicio hidrogeológico nacional; fijar un principio precautorio con el cual no haya que esperar un año o más –como sucede actualmente– para revisar si el concesionario o asignatario extrae irracionalmente el agua subterránea; que sean los pueblos indígenas los que tengan prioridad para su aprovechamiento, después los usos doméstico, público urbano, agrícola, acuacultura y al final el turismo y la recreación, y que haya reglas para los acuíferos transfronterizos.

Hatch afirmó que México puede tener conflictos con sus vecinos, particularmente con Estados Unidos, porque no hay un programa binacional sobre el agua subterránea transfronteriza. Recordó que en 2006 el gobierno estadunidense destinó 50 millones de dólares para caracterizar cuatro de los 11 acuíferos situados en la frontera entre ambas naciones.

Estados Unidos ya cuenta con la información de su territorio, pero también de los acuíferos del lado mexicano. Eso podría contribuir al fortalecimiento de la construcción de la seguridad hídrica de la nación vecina, en un contexto en el que imperan grandes asimetrías en la gestión de estas aguas entre ambos países.

El experto aseveró que si México impulsa en su ley de agua subterránea un esquema de gestión conjunta sobre este recurso de carácter transfronterizo, podría sentarse un precedente en la materia para el resto del mundo.