Cada año, en todos los océanos del mundo se extraen 26 millones de toneladas de peces producto de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, lo que genera un grave daño a los ecosistemas marinos del planeta, alerta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

A fin de frenar el saqueo de los ecosistemas marinos, de los cuales se extrae cada año con la pesca legal entre 91 y 93 millones de toneladas de peces que han hecho de los productos alimentarios del mar los más comercializados del planeta, con un valor de exportación en 2016 de 142 mil millones de dólares, la FAO impulsa una iniciativa para impedir que el pescado capturado ilegalmente llegue a las mesas de los consumidores.

Se trata del proyecto denominado Directrices voluntarias sobre sistemas de documentación de las capturas, a fin de rastrear los peces desde su punto de captura, a través de toda la cadena de suministros, y evitar que llegue al mercado de consumo. Es, afirma la organización multinacional, un esquema de vigilancia desde el mar hasta la mesa.

El documento será suscrito por los miembros de la FAO en en Roma, Italia, del 3 al 8 de julio, luego de que el texto fue aprobado por unanimidad tras cinco años de negociaciones.

Sin embargo, este no es el único esfuerzo que la FAO realizó para frenar la pesca ilegal. En junio de 2016 entró en vigor el primer acuerdo internacional para acabar con la pesca ilegal, suscrito por 29 países –entre los que no se incluye México– que obliga a las naciones a vigilar sus puertos para detectar esta práctica, e impedir la descarga y venta de pescado capturado de forma indebida y compartiendo información sobre los buques que pescan de forma poco escrupulosa.

La nueva iniciativa, afirma la FAO, busca poner fin a la comercialización de la pesca ilegal y garantizar la preservación de los recursos alimentarios que provienen de los océanos.

La documentación de las capturas empieza con la certificación de pesca legal de los envíos de pescado por las autoridades nacionales. Dicha certificación acompaña al pescado que se procesa y comercializa a escala nacional o internacional. Sólo los pescados con documentación válida pueden ser exportados o comercializados a los mercados donde exista el requisito de la certificación de captura legal.

A fin de endurecer las medidas contra los pescadores piratas, las nuevas directrices establecen que las naciones que lo suscriban deberán exigir a los buques pesqueros extranjeros que soliciten autorización para entrar a los puertos con la suficiente antelación, aportando información detallada sobre sus identidades, sus actividades y el pescado que llevan a bordo.