En vísperas de la conclusión de la dinastía Moreira en Coahuila, el saldo del Ejecutivo estatal con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) asciende a mil 184.5 millones de pesos en las cuentas públicas de 2012 a 2015, que corresponden al gobernador Rubén Moreira. Pagos irregulares a maestros con licencias sindicales por casi 100 millones de pesos, subejercicios en programas prioritarios de seguridad e inconsistencias en inversiones, forman parte de los recursos pendientes de ser acreditados.

A pesar de las irregularidades aún no solventadas, que en su mayor parte corresponden a los ejercicios 2014 y 2015, la ASF no ha procedido penalmente en ninguna de las auditorías correspondientes al sexenio que está por concluir, ya que las tres denuncias penales que hay en la Procuraduría General de la República (PGR) corresponden a la administración de Humberto Moreira (2005-2011).

De la revisión del gasto de programas federalizados en Coahuila, la ASF detectó, entre una de las principales insuficiencias, la transferencia fuera de norma de una partida de 365.7 millones de pesos que habían sido canalizados al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades, pero que el gobierno de Coahuila dispersó hacia otras cuentas sin acreditar el ejercicio del gasto durante 2015. Esta operación aún se encuentra en el periodo en que puede ser solventada.

Asimismo, existen varias auditorías con inconsistencias relacionadas con el sector educativo, como el pago indebido por un monto acumulado de 94.6 millones de pesos de la nómina de la Secretaría de Educación del gobierno de Coahuila a personal adscrito a centros de empleados que en realidad estaban comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

Otra de las observaciones de la ASF tiene que ver con recursos asignados a programas prioritarios que provenían del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. De una partida de 229 millones de pesos, el gobierno estatal los transfirió de forma irregular a cuentas del gobierno del estado, de lo que se derivó que, al auditarse el destino del dinero, la administración estatal no pudo acreditar dónde están 48.3 millones.

Asimismo, se detectó que por disposiciones del gobierno estatal se dejaron de ejercer recursos que fueron reportados como ahorros presupuestarios, sin contar con la autorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para no aplicarlos en el cumplimiento de los programas para los cuales fueron asignados.

Por lo que hace al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, la ASF auditó los recursos transferidos al estado por esta vía que sumaban 55 millones de pesos y detectó que al cierre de la auditoría, en mayo de 2016, el Ejecutivo estatal únicamente había empleado 35.3 por ciento, lo que generó la opacidad al dejar fuera del proceso de fiscalización los recursos no ejercidos.

En la misma condición se reportó otra partida de 53.4 millones de pesos destinados al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y que al cierre de la fiscalización del gasto no habían sido aplicados y se transfirieron a otra cuenta de forma irregular, sin que se haya procedido a su reintegración.