uizá, por lo tierno de la tarde, el contraste me pareció más violento. En el atrio de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Guerra se hallaba un carro militar artillado. Por el clima de violencia, que se torna cada vez más denso en Nuevo León, pensé que algo grave estaba pasando o por pasar. Me acerqué y vi a un par de soldados en actitud relajada. Pregunté por el motivo de la presencia del vehículo. Me indicaron que me informara con el general responsable de la unidad.

Hallé al joven oficial en el interior del auditorio. Estaba por dar una conferencia. Se trataba del general ingeniero Gustavo Ricardo Vallejo Suárez. Me presenté con él como ciudadano, pues no era otra mi condición. Y le expuse lo que sentía: si no había una razón que lo justificara, un carro militar artillado no debía estar en una institución cultural de la universidad pública. Afable, con un leve gesto dio a su ayuda la instrucción de que el carro de guerra fuera removido del lugar. Se lo agradecí más tarde con un libro de obsequio.

En su explicación sobre el porqué del carro artillado en la biblioteca universitaria, el general Vallejo mencionó la escolta que por protocolo debe proteger a los oficiales de mayor jerarquía. Lo asumí con reservas. Para terminar señaló que él sólo cumplía órdenes. Tocó entonces un filamento sensible. Yo comparto la idea de que por ningún motivo le sean conferidas al Ejército funciones policiacas.

El propio general Vallejo tuvo bajo su responsabilidad, como residente, la construcción de instalaciones para recibir a 3 mil hombres adscritos a un cuerpo de Policía Militar durante el gobierno de Rodrigo Medina. El general Miguel Ángel Patiño Canchola, entonces comandante de la Cuarta Región Militar, afirmó que los militares de ese cuerpo respetarían los derechos humanos de los ciudadanos y se apegarían a la ley.

Apegarse a la ley es, en primer lugar, y por encima de cualquier orden civil o militar, acatar lo que establece el artículo 129 constitucional: En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

Desde los años 60, y sobre todo en la guerra sucia de los 70, los militares han participado en hechos violatorios de los derechos humanos. El actual secretario de la Defensa Nacional (Sedena) ha dicho que fue un error hacer que el Ejército sustituyera a la policía en el combate contra el narcotráfico, pues no está preparado para acciones de esa naturaleza. Extraño resulta que las fuerzas armadas, que no están preparadas para realizarlas, le parezca al titular de la Defensa como la única corporación capacitada y facultada para ello.

Ya sea por decisiones de ciertos gobiernos y/o presiones como las de los empresarios, los militares colonizan –como dice Miguel Carbonell– las responsabilidades civiles en materia de policía y persecución de los delitos. Antes de que se haya legislado al respecto (la proyectada ley de seguridad interior), el fuero de guerra se va imponiendo de facto y la autonomía de los poderes públicos queda vulnerada por órdenes del Presidente de la República Dirá Cienfuegos. “… es una orden que tenemos del Presidente, respaldada por la propia Constitución, estamos cumpliendo con la orden, y cuando a nosotros se nos da una orden, la cumplimos de la mejor manera en que podamos…”

Después de riñas en los penales con saldo de decenas de muertos; de una inseguridad que lleva a los vecinos de la zona citrícola a disparar sus armas para llamar la atención sobre el acoso y crímenes de la delincuencia organizada; de fugas colectivas de reos, y un clima de violencia que es negado por las autoridades, siguiendo el ejemplo de Enrique Peña Nieto (sólo está en la cabeza de quienes no perciben adecuadamente las acciones de gobierno), el general Cuauhtémoc Antúnez, titular de Seguridad Pública del gobierno de Nuevo León, permanece en su puesto.El rumor de que la situación de este militar no depende del gobernador del estado, sino del secretario de la Defensa Nacional ha llegado a las columnas periodísticas. Sería la vuelta al mando único.

Todo son órdenes, y arriba de las del secretario de la Sedena están las del Presidente de la República.

El Ejecutivo invadiendo la autonomía del Judicial y del Ministerio Público.

La democracia es un juego de autonomías o no es.

¿No estamos en proceso de colombianizarnos en el peor de los sentidos? A veces la literatura suele instaurar la verdad. En Aquiles, su novela póstuma, Carlos Fuentes hace hablar a dos militares, un almirante estadunidense y un general colombiano, padre del personaje central, conservador y entrenado en Estados Unidos, pero honesto y congruente.

El padre de Aquiles escuchó la carcajada del general estadunidense: “Piénselo bien –le dijo éste– verá que ambos tenemos razón. Somos la única institución fuerte porque somos los únicos que podemos combatir al comunismo”.

Allí es donde diferimos, mi general. No habría un sólo comunista en Colombia si hubiera más escuelas, caminos y hospitales. El almirante le contesto: ¿Cuántas escuelas, una, tres, tres mil?.

“Ni una sola si el ejército da golpes de Estado cada equis tiempo… insisto: resuelvan los problemas sociales y todos saldremos ganando.”

Cámbiese comunista por narcotraficante y la verdad de lo que nos sucede aparecerá con toda nitidez.