La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vivirá una importante renovación en los próximos meses, con la elección de tres de los siete comisionados que integran su pleno, pero en el cual ya se vislumbran fuertes riesgos de pérdida de independencia y autonomía del organismo regional, con la postulación de candidaturas severamente cuestionadas por la sociedad civil.

En junio, México será sede de la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde serán elegidos los tres comisionados de la CIDH.

Varios países, incluido México, han postulado candidatos inadecuados, sin experiencia e incluso con un eventual conflicto de intereses para integrar el órgano que tiene como tarea esencial monitorear los derechos humanos en la región.

Olga Guzmán Vergara, directora de Incidencias de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, alertó que en varios países de la región se observa una política poco transparente de postular candidatos sin la participación de la sociedad civil y con una marcada afinidad a los intereses gubernamentales.

Esto nos hace pensar que es una política deliberada por socavar la autonomía e independencia de organismos internacionales, dijo la activista, quien precisó que organizaciones de derechos humanos de varios países han alertado ya de este hecho.

México postuló al embajador Joel Hernández García para ser comisionado de la CIDH para el periodo 2018-2021. Tan pronto se hizo púbica dicha candidatura, medio centenar de organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas expresaron su rechazo.

Los cuestionamientos se deben esencialmente a la poca transparencia en los criterios de selección, y a que Hernández García es diplomático de carrera, lo que afectaría seriamente la credibilidad y efectividad de dicho órgano, señalaron en un comunicado medio centenar de colectivos.

Argentina propuso la candidatura de Carlos Horacio de Casas, abogado de Enrique Blas Gómez Saa, ex subjefe de Inteligencia de la octava Brigada de Infantería de Montaña, acusado de secuestros y torturas durante la última dictadura militar. Hay un abierto rechazo de organizaciones como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

En la CIDH quedarán tres vacantes en su estructura de siete comisionados. Este año saldrán el mexicano José de Jesús Orozco, por la terminación de su segundo mandato, y James Cavallaro, a quien el gobierno estadunidense ya no respaldó para un segundo periodo. A ellos se suma la sorpresiva renuncia de Enrique Gil Botero, al ser nombrado ministro de Justicia de Colombia.

Junto con Argentina y México, naciones como Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y Estados Unidos ya presentaron candidatos, con diversos cuestionamientos.

De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los comisionados de la CIDH deben ser personas de alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los estados miembros.