a ley está planchada. Con esta y otras expresiones, se refirieron algunos de los que acudieron a los foros convocados por el Senado para escuchar la opinión de centros de investigación y reconocidos especialistas en la materia sobre la nueva Ley General de Biodiversidad (LGB) en vías de aprobarse.

Querían así señalar que era irreversible el acuerdo entre los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el mal llamado Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sobre el nuevo andamiaje legal que debe garantizar el buen estado de la biodiversidad del país. No es ni sería la primera vez que centros de investigación y académicos prestigiosos son invitados a foros de discusión por los órganos legislativos federal, estatales y locales. Pero al final ignoran sus opiniones y propuestas. Terminan por imponerse las iniciativas del Poder Ejecutivo o las instancias legislativas. En el caso que nos ocupa, antiguos miembros de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) alaban las inexistentes virtudes de esta iniciativa verde.

Precisamente la más reciente edición de La Jornada Ecológica está dedicada a mostrar cómo la nueva Ley de Biodiversidad es un engendro que –en vez de proteger la fauna y la flora del país– propicia su destrucción, despoja y evita beneficiarse de ella a las comunidades que desde antaño viven donde esa biodiversidad existe, la conocen mejor que nadie y la cuidan pese a su pobreza. Pero en cambio abre las puertas para convertirla en próspero negocio de la iniciativa privada (como las trasnacionales farmacéuticas) o quienes comercian con especies amenazadas que miles de familias utilizan como mascotas. Además, deja en el aire medidas de protección a una parte muy importante de la flora y la fauna de la nación, con especial desprecio por los bosques y la vida acuática.

El proyecto de ley lo presentó la senadora Ninfa Salinas, del Verde Ecologista. Es una de las integrantes de la denominada telebancada. Como ocurre con los demás integrantes de ésta, no fueron elegidos por el voto ciudadano, sino por ocupar sitios preferenciales en las listas plurinominales confeccionadas por el PRI y el PVEM. Algo semejante ocurrió con la señora Margarita Zavala cuando fue legisladora de Acción Nacional.

Como advierten en La Jornada Ecológica Juan Carlos Cantú y María Elena Sánchez, el proyecto de ley desprotege a la mayoría de las especies silvestres de México. Por ejemplo: 45 por ciento de las de anfibios y cientos más acuáticas del mar y el agua dulce; garzas, gansos, patos, las tortugas dulceacuícolas y varios mamíferos. Además, quedarían sin protección virtualmente la totalidad de las especies de insectos (unas 47 mil), fuente potencial de riqueza y alimento. Pero en cambio prohíbe la exportación de marfil, cuando en México los únicos elefantes sin marfil y gracia que tenemos son la burocracia y las sedes de los poderes federales, entre otros.

Por otra parte, se abre la puerta al comercio irregular de especies en peligro de extinción, cuando México es parte de la Convención para atacar el comercio ilegal de la flora y la fauna que se encuentra en esa categoría. No menos grave es prohijar el uso irracional de las especies forestales. Quedarían fuera de la ley 97 por ciento de ellas, más de 35 mil. Como orquídeas y cactáceas. Sólo se protege a los manglares, pero no a su área de influencia.

Por su parte, los doctores Horacio de la Cueva y Juan E. Martínez califican a la LGB de promover la sobrexplotación de la flora y la fauna, ignorar la riqueza del conocimiento local que de ella tienen las comunidades rurales y ser un obstáculo para que aprovechen sustentablemente en su beneficio los recursos naturales. La maestra Patricia Escalante recalca que la citada ley deja sin amparo a la inmensa mayoría de las especies de loros, guacamayas y pericos, en peligro de extinción debido a su extracción y venta ilegal.

El pasado jueves, el Senado ratifico a Paloma Merodio como vicepresidenta del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), a pesar de no cubrir con los requisitos legales para ocupar el cargo. ¿Qué más da entonces una ley que no protegerá la biodiversidad?