l 6 de abril, durante su comparecencia ante el Comité de Servicios Militares del Senado, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Kurt Tidd, amenazó con una intervención militar directa en Venezuela bajo la falaz doctrina de la seguridad colectiva regional de la Or­ganización de los Estados Americanos (OEA).

En la entrega de su informe de posición sobre las redes de amenazas en América Latina y el Caribe, la advertencia del máximo jefe militar del Pentágono para la región parece inscribirse en una escalada de la operación Libertad Venezuela (Venezuela Freedom), que a nivel político-ideológico cuenta con el accionar concertado del secretario general de la OEA, Luis Almagro, un bloque de gobiernos de derecha liderado por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto −nuevo socio en las aventuras belicistas de Donald Trump−, y grandes corporaciones petroleras y de la industria del entretenimiento, como Exxon Mobil y CNN.

Articulado con la orden ejecutiva de Barack Obama que declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a los intereses de EU, el guión de Tidd es el mismo que diseñó su antecesor, general (r) John Kelly, actual secretario de Seguridad Nacional de la administración Trump. Fue Kelly, quien ante un comité del Senado el 12 de marzo de 2015, expuso que la primera fase de la operación Libertad Venezuela había conseguido parte de sus objetivos, al lograr generar una situación de caos y desestabilización política en territorio venezolano, combinando las guarimbas (acciones callejeras y el empleo dosificado de violencia armada que dejó medio centenar de muertos) con asesinatos selectivos, sabotajes contra instalaciones estratégicas y acciones paramilitares en la frontera colombo-venezolana.

Dos años después Tidd repite el mismo guion: la situación política y económica, y la creciente crisis humanitaria en Venezuela podrían derivar en una respuesta regional. El objetivo a corto y mediano plazos de la acción instrumentada por el Pentágono y el Departamento de Estado bajo cobertura de la OEA, es echar a andar de manera escalonada las medidas de fiscalización, injerencia coercitiva y sanción introducidas en la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre de 2001, lo que podría derivar en un bloqueo y la suspensión de Venezuela como Estado parte del organismo, como fase previa para legitimar una intervención multilateral bajo el tutelaje militar de Washington por razones humanitarias.

Desde su llegada a Washington en marzo de 2015, la gestión de Luis Almagro ha logrado rescatar de las cloacas de la historia el verdadero espíritu injerencista del organismo hemisférico, aquel que en enero de 1962, cuando la conjura contra Cuba en Punta del Este, Uruguay, llevó a que la OEA fuera definida por el diplomático cubano Raúl Roa −el canciller de la dignidad− como ministerio de colonias de Estados Unidos.

En noviembre siguiente, Almagro recibió en la OEA a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López −encarcelado en Venezuela por ser uno de los principales promotores del plan golpista La salida, que en 2014 causó 43 muertos y 900 heridos−, con lo que tácitamente se inscribía en el cronograma del Pentágono dirigido a derrocar a Nicolás Maduro. Hasta entonces Almagro había corrido con bandera de izquierdista, por haber sido el canciller del ex presidente y actual senador uruguayo José Mujica, quien lo promovió a la secretaría de la OEA.

La prueba fehaciente del viraje político de Almagro fue cuando su nombre apareció en un papel de trabajo del almirante Tidd, fechado el 25 de febrero de 2016. Diseñado por la llamada comunidad de inteligencia e inscrito en la estrategia de rollback −de dominio y vuelta atrás−, el informe afirmaba haber convenido con Almagro la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela, en el contexto de una guerra de espectro completo elaborada en junio de 2000 por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de Estados Unidos (ver Documento Joint Vision 2020), que es la matriz doctrinaria de todos los manuales y proyectos de guerra no convencional desarrollados hasta el presente contra el proceso bolivariano y otros países del área con gobiernos progresistas.

Según la propia descripción del almirante Tidd, la estrategia subversiva estaba siendo ejecutada por agentes encubiertos del Comando de Operaciones Especiales, la Fuerza Conjunta Bravo, con asiento en la base de Palmerola (Soto Cano), en Comayagua, Honduras, y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (inteligencia), y era concebida como una operación de amplio espectro, conjunta y combinada que contemplaba una fase terminal hacia julio-agosto de 2016. Para ello, el plan requería del posicionamiento mediático de que en Venezuela existía una crisis humanitaria y una matriz de opinión que manejara a escala internacional el escenario de que el país estaba cerca del colapso y una implosión.

Sustento de las guerras asimétricas (o híbridas) y los golpes blandos o institucionales de nuestros días (como el golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil), la doctrina de espectro completo −ci­tando a Tidd− emplea recursos diplomáticos, militares, económicos, financieros, de inteligencia, jurídicos y de información (una vasta plataforma comunicacional que incluye televisión, circuitos radiales, prensa escrita, redes digitales) y echa mano de grandes corporaciones y lobbys empresariales, operadores políticos de la derecha internacional y sus intelectuales orgánicos, actores no estatales (ONG), jerarcas religiosos y agrupaciones estudiantiles.

Es en ese contexto que hay que inscribir el papel de Almagro como peón de Washington, que cobraría vuelo a partir de mayo de 2016, cuando en vísperas de la 46 Asamblea General de la OEA calificó al presidente Maduro de dictadorzuelo e intensificó sus labores de cabildeo con la finalidad de echar a andar la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, como vía para imponer la tutela de Washington.