Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) viajaron a Chihuahua para dar seguimiento al caso del homicidio de la periodista Miroslava Breach, asesinada el pasado 23 de marzo en la capital de esa entidad.

El subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa Cifrián, admitió los rezagos que hay en la protección al gremio periodístico y subrayó la necesidad de un trabajo conjunto, de todas las autoridades involucradas, para combatir la impunidad en todos los ámbitos.

Una responsabilidad conjunta, agregó, es el paso fundamental para prevenir las agresiones y, en los casos existentes, dar con los culpables y llevarlos ante los jueces. Ello requiere, insistió, de un trabajo más comprometido y eficiente de las distintas fiscalías y procuradurías.

Reconoció la existencia de rezagos en el área de investigación de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR). Esta misma alerta fue emitida por Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos de la procuraduría. El trabajo de investigación corresponde a la PGR, subrayó.

En el caso de Chihuahua, además de investigar el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada y colaboradora del Norte, de Ciudad Juárez, Gobernación analiza la situación de los trabajadores del diario, ubicado en aquella urbe fronteriza. El director anunció que cerraban por razones de seguridad.

“El lunes estuve en Chihuahua capital; me reuní con la asociación de periodistas, y el miércoles con el presidente municipal de Ciudad Juárez, así como con el propietario del periódico Norte e integrantes de la mesa de seguridad de esa ciudad. Se planteó la exigencia de que haya resultados pronto en la investigación del homicidio de Miroslava; que se sepa la verdad, que se dé con los responsables y sean sometidos a la justicia”, comentó.

El mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos tiene actualmente una lista de 530 personas protegidas. Sin embargo, opera este año con recursos de un fideicomiso formado en ejercicios presupuestales anteriores, por lo cual no asegura su operación para finales de 2017 y mucho menos garantiza su funcionamiento para 2018, dijo Campa. Pese a ello, hizo un llamado a los comunicadores y defensores que se sientan en riesgo a informar de ello al mecanismo y, en su caso, solicitar protección. La situación del rotativo de Juárez es analizado actualmente en esa instancia.

En semanas recientes, dos escoltas –auspiciadas por este mecanismo– fueron asesinadas, al defender –en dos hechos– a una activista de derechos humanos y a un periodista de Baja California Sur. La primera fue atacada en una carretera y el comunicador en su domicilio.

Expresó que hay corporaciones policiacas y de procuración de justicia débiles, sin recursos, así como enorme capacidad de infiltración de los grupos criminales, a partir de su potencial de fuego o poder de corrupción.

Esa es la realidad que tenemos. Debemos asumir esa realidad y hacer todo lo que esté en nuestras manos para impedir que las policías sean infiltradas, comentó en entrevista.