El problema de las desapariciones en México muestra deterioro: persisten las redes criminales frente a un Estado incapaz de investigar y sancionar a los responsables, advirtió el abogado Ariel Dulitzky, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En 2012, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU presentó un análisis de la situación en México (actualmente hay un registro oficial de 31 mil personas clasificadas como no localizadas). Un lustro después, los datos oficiales revelan la gravedad de la situación, porque no existe un registro nacional confiable de cada expediente. Seguimos observando las carencias en materia de justicia.

Ahí están también, agregó, los casos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y el reciente hallazgo de 250 restos humanos en Veracruz, sólo por mencionar dos hitos.

¿Quiénes son las autoridades que están tolerando las desapariciones forzadas?, preguntó el especialista. Todo el plan criminal no ha sido revelado.

No existe siquiera un registro nacional unificado para saber a quiénes se ha hallado y en qué condiciones, vivas o muertas; tampoco se sabe quiénes son las autoridades responsables de la investigación y se carece de mecanismos eficaces para reparar el daño o brindar apoyo sicosocial a las familias, subrayó.

Dulitzky participó, mediante un mensaje videograbado, en la presentación del informe Desapariciones en Nuevo León, desde la mirada de Ciudadanos en apoyo a los derechos humanos (CADHAC), el cual hace énfasis en la carencia de un registro confiable que permita conocer la magnitud del problema, recrudecido en 2007, a la par de los operativos del gobierno federal contra grupos criminales.

La tragedia empezó con Calderón

El especialista Santiago Corcuera (quien es integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas pero pidió que se tomaran sus opiniones a título personal) y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, señalaron que la crisis de personas desaparecidas en México se generó en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

El comienzo de la tragedia, hay que decirlo con todas sus letras, es el 8 de diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Calderón toma la mala decisión de emprender una estrategia inadecuada para el problema, señaló Corcuera.

Advirtió que los registros siempre están muy por debajo de la realidad, principalmente porque muchas personas no denuncian por temor a represalias.

Campa Cifrián reconoció que el principal reto del Estado mexicano es romper la cadena de impunidad, en especial en esta locura de suponer que desapareciendo el cadáver se desaparece el delito.

Como lo hizo el viernes, ayer reiteró que el proyecto de ley sobre desapariciones está muy avanzado y el objetivo es concluir el dictamen en los próximos días, con la finalidad de aprobarlo en el Senado en este periodo de sesiones. Estamos muy aventajados, muy cerca de tener una ley.