a Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda) agrupa a 16 comunidades de los valles centrales de Oaxaca, de los distritos de Ocotlán y Zimatlán, que desde hace 10 años luchan por un acceso justo al vital recurso acuífero a partir de prácticas comunitarias para su cuidado, aprovechamiento y regeneración sustentables. Las y los sembradores del agua, así conocidos, son campesinos indígenas zapotecos que han asumido esta responsabilidad, planeando y construyendo, colectivamente, sus obras de captación de agua de lluvia, para asegurar la reproducción de su economía agrícola, visiblemente afectada por políticas irresponsables, inconsultas y violatorias de los derechos de los pueblos indígenas por parte de los gobiernos federal y estatal.

Efectivamente, la escasez de agua en los valles centrales no proviene de un uso irracional por parte de las comunidades indígenas. Fue el gobierno federal la instancia que desecó las ciénagas de la región, con la justificación de ampliar la tierra disponible para campos de cultivo, perdiéndose, de esta manera, la humedad del suelo, y produciéndose una baja considerable del nivel de los pozos, de tal forma que para el año 2005 ya se enfrentaba una grave sequía en el territorio. Asimismo, el gobierno federal, en este mismo año, hizo efectivo un decreto de veda de agua subterránea para los valles centrales, expedido en 1967 por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, mediante el cual se impide el libre aprovechamiento de los pozos agrícolas si no se cuenta con un título de concesión que otorga la Comisión Nacional del Agua (Conagua), requisito indispensable para, a su vez, contar con precios subsidiados por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Esta chicanera trama burocrática se aplica implacable en comunidades campesinas de bajísimos ingresos, que por esta vía se les limita su acceso al agua necesaria para sus cultivos, generando un grave círculo perverso en el que se ven afectados los requerimientos básicos para contar con alimentación y recursos económicos. El decreto veda, las concesiones y los criterios de renovación y los altos costos por la energía eléctrica que impactan de manera directa a la agricultura, forzando el abandono de la misma, provocando la migración, especialmente de los más jóvenes, y afectando con ello la vida y la reproducción de las comunidades campesinas zapotecas. Es en este contexto desolador que las comunidades deciden organizarse por medio de Copuda, contando con la asesoría jurídica, para el ámbito de la lucha legal, del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto AC. Paralelamente, las comunidades zapotecas iniciaron la construcción de obras para la captación de agua de lluvia, como retenes, ollas y pozos de absorción, trabajos de reforestación, separación de basura y cuidados del medio ambiente, entre otras acciones comunitarias, logrando recuperar el nivel del agua subterránea en tan sólo una década. Frente a las autoridades omisas como Conagua, que nunca se preocuparon por solucionar los problemas ocasionados por el propio gobierno federal, las comunidades zapotecas se organizaron en comités, asambleas, talleres y comisiones diversas, una de las cuales visitó el Museo del Agua de Tehuacán, Puebla, aprendiendo y adaptando a las condiciones de su entorno, las técnicas de captación y conservación acuífera mostradas en ese sitio. Para 2007, las luchas por el agua permeaban la vida política de las comunidades, eligiéndose como autoridades municipales a personas comprometidas con su cuidado y defensa. Con este proceso, y a pesar de las condiciones tan adversas, la Copuda desarrolló y consolidó un innovador sistema comunitario de uso y gestión del agua que ha mostrado ser altamente efectivo, incluso en tiempos de estiaje, y un ejemplo a seguir en otros lugares del país y del mundo. Las propias comunidades están haciendo sus reglamentos, a la vez que monitoreando y autorregulándose para que se cumplan, en un extraordinario ejercicio autonómico de responsabilidad compartida.

La lucha legal y política ha seguido todos los derroteros comunes de innumerables comunidades indígenas. En diciembre del año 2009, en una mesa política con el director general de Conagua, José Luis Luegue Tamargo, esta institución se comprometió a realizar un estudio del acuífero de los valles centrales de Oaxaca, con la colaboración de la Universidad de Baja California. El acuerdo logrado en este diálogo fue que se entregaría copia del estudio a la Coordinadora y al Centro de Derechos Indígenas, lo cual nunca sucedió, a pesar de solicitarlo por las vías legales. Estas organizaciones demandaron formalmente a la Conagua, en el año 2011, que realizara un proceso de revisión y posible modificación del decreto de veda de 1967, obteniendo una respuesta negativa con el argumento de no tener competencias para hacerlo. A partir de entonces, la solicitud de revisión y suspensión del decreto entró a los tribunales competentes, sobre la base de que dicho decreto violenta el derecho a la consulta, libre, previa e informada, así como el derecho preferente para el uso y aprovechamiento del agua, por encontrarse dentro de territorio de pueblos originarios. Tanto la coordinadora (Copuda) como el Centro de Derechos Indígenas han hecho de conocimiento público que su demanda se fundamenta en los derechos colectivos de los pueblos indígenas amparados en la Constitución, en el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Originarios de la ONU. El 22 de abril del 2015, la primera sala regional metropolitana resolvió favorable la sentencia y ordena: “…para efecto de la autoridad demandada, inicie un procedimiento de la solicitud de los actores para proponer al titular del Ejecutivo federal, la modificación del ‘Decreto de Veda del acuífero’ ‘Valles Centrales de Oaxaca’”…, consultando a la comunidad y pueblos indígenas Zapotecas del Valle de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez”. El proceso de consulta a estas comunidades empezó en agosto de 2015 y tiene cinco fases. A partir del 8 de febrero de 2017, la consulta ha entrado en su tercera etapa, la cual es clave porque involucra reuniones y asambleas en las que la Coordinadora presentará a la Conagua sus propuestas. Es fundamental que la sociedad civil mexicana y el Congreso Nacional Indígena presten atención y apoyen, solidariamente, a las y los sembradores zapotecos del agua y de la vida.