l 19 de junio de 2016, en el contexto de la lucha de profesores y ciudadanos contra la denominada reforma educativa, centenares de policías federales y estatales liberaron de obstáculos un tramo de la carretera Oaxaca-Cuacnopalan, y luego arremetieron contra habitantes de Asunción Nochixtlán, un municipio de la región mixteca. Hubo seis muertos, según versiones oficiales.

La primera postura de los gobiernos federal y estatal pretendió adjudicar los hechos sangrientos a una provocación de los pobladores (Enrique Galindo, comisario general de la Policía Federal, llegó a hablar de una emboscada contra los agentes, en la que habrían participado unas 2 mil personas) y a escudarse en la especie de que los policías habían participado en la refriega sin armas y, por tanto, nunca podrían haber disparado.

Videos y fotografías, sobre todo una imagen, la de un policía rodilla a tierra disparando desde la vulcanizadora Reyes, derrumbaron la coartada gubernamental y el propio Galindo aceptó que siempre sí había ido una parte de los policías con armas y ciertamente habrían disparado. Galindo fue botado de su cargo y se anunció una investigación en su contra, con ánimo justiciero, de cuyo curso y resultados no se sabe absolutamente nada. Muertos, heridos, perseguidos, ataque a una clínica y violación generalizada de derechos y garantías, con el saldo clásico de impunidad para las fuerzas policiacas y sus jefes.

Este miércoles 5, en el contexto de añejos conflictos agrarios y de la lucha de pobladores de zonas rurales e indígenas contra proyectos económicos estratégicos derivados de la reforma energética, centenares de agentes estatales y municipales arremetieron contra habitantes de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, en Michoacán. Hubo tres muertos, según voceros de la comunidad, aunque el gobierno estatal sostenía que sólo tenía datos de uno.

Como en el Nochixtlán de Oaxaca, en el Arantepacua de Michoacán hay narrativas oficiales parecidas (la visión de la similitud fue retomada por esta columna de un tuit de Pedro Miguel, @navegaciones). Según eso, la gente habría atacado a los policías que, inermes, tuvieron que reaccionar en defensa propia. En realidad, a la comunidad michoacana llegaron policías y personas sin uniforme que realizaron destrozos a vehículos particulares, allanaron domicilios y causaron daños materiales, además de realizar detenciones, agresiones y, en esas circunstancias, las muertes ya referidas (también se presentó un contingente militar para evitar que escalara la violencia).

En Michoacán está formalmente al frente del gobierno Silvano Aureoles, colocado por Los Pinos para tener disfraz de pluralidad, pues formalmente el mandatario es perredista e incluso está en precampaña en busca de ser candidato presidencial en 2018 en nombre del sol azteca. En realidad, el dominio de la entidad lo tiene el peñanietismo mediante el rediseño político, social y económico que pergeñó Alfredo Castillo, enviado en su momento como comisionado federal. La estructura policiaca y judicial de Michoacán sigue al servicio de ese colectivo de intereses insuficientemente claros que promovió y heredó el jefe Castillo, ahora encargado del deporte nacional.

En todo caso, es de Aureoles la responsabilidad política de lo sucedido en Arantepacua. En medio de tensas negociaciones en Morelia, luego que habían impedido que una manifestación masiva saliera de la comunidad mencionada rumbo a la capital del estado, una comisión que había llegado a ciertos acuerdos, en una mesa de diálogo, fue detenida bajo el cargo de que se transportaba a bordo de un vehículo en el que había armas de fuego (la versión de los pobladores https://goo.gl/oNpDgf) y un video realizado por Acueducto on line https://goo.gl/nBELGm). Traición y agresión.

Luis Videgaray Caso dijo ayer, en Washington, que no tiene interés en ser candidato del PRI a la Presidencia de la República, lo cual no es una postura de rechazo irrevocable, sino una salida circunstancial que puede cambiar más adelante, si el pueblo solicita al virtual vicepresidente de la República que se sacrifique. Videgaray, en cuya baraja alternativa está José Antonio Meade, también dijo que hizo ver al general Kelly, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, que esta potencia debe abstenerse de intervenir en los comicios presidenciales de 2018. Mmm.

Otro organismo autónomo ha sido abiertamente tomado por las tendencias maniobristas del actual gobierno federal. Quedó Paloma Merodio como vicepresidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a pesar de que con insistencia se argumentó en contra de ese nombramiento, mencionando defectos formales y de fondo en la postulación. Se acusó a la aspirante de falsear información y presentar datos incompletos, además de no contar con la antigüedad requerida ni suficientes lauros académicos y profesionales.

A pesar de todo, Merodio obtuvo los votos definitorios del PRI, el Verde y una parte del PAN (María Luisa Calderón, cuñada de la precandidata presidencial, Margarita Zavala, apoyó la designación que otra parte de los blanquiazules tachaba de imposición peñista). 64 sufragios en favor, 26 en contra y una abstención. La nueva vicepresidenta del Inegi fue promovida vigorosamente por José Antonio Meade, secretario de Hacienda, como carta de Los Pinos para modernizar ese instituto que ahora queda más abiertamente bajo mando político, específicamente del peñismo, que en 2018, antes de los comicios cruciales, podría toparse con la sorpresa de que el Inegi le regale cifras alegres en cuanto a disminución de la pobreza y una bonanza nacional aunque sólo sea en términos estadísticos, en el nuevo acomodo de los números.

Y, en espera de que Josefina Vázquez Mota responda a las pruebas documentales de que se benefició en términos personales cuando menos de una parte de los más de mil millones de pesos de dinero público que recibió una fundación para apoyo de paisanos que ella presidió de manera honoraria, ¡hasta el próximo lunes!

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