La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México denunció que existe una fuerte resistencia de la Fiscalía General del Estado de Yucatán para investigar el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto como feminicidio y de vincular a su ex esposo, Martín Alberto Medina Sonda, como autor intelectual, pese a las vastas evidencias de la violencia que el empresario tabasqueño ejerció contra la víctima.

La red, integrada por más de 200 defensoras y periodistas de 23 entidades del país, condenó enérgicamente el crimen y manifestó su preocupación por la integridad física y sicológica de la familia de Molina Canto, principalmente de su madre, Ligia Canto Lugo, quien un día después del asesinato fue amenazada de muerte.

Además, destacó el papel de Ligia Canto en la lucha legal de su hija por recuperar la guarda y custodia de los tres hijos de ésta, lo cual la llevó a convertirse en defensora de los derechos de las mujeres en Yucatán.

Piden castigar omisiones

Entre las exigencias de la red destaca una al Poder Judicial para que se otorgue a Ligia Canto la custodia definitiva de sus nietos y se investigue y sancione a los funcionarios que fueron omisos ante el inminente riesgo que enfrentaban Emma Canto y su familia, pues no cumplieron la recomendación que hace dos años emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de proteger a la víctima.

En el litigio por la custodia de sus hijos, Emma Gabriela Molina fue hostigada judicialmente mediante la fabricación de delitos en varios estados del país. Con ello, su ex esposo logró encarcelarla y se llevó ilegalmente a sus hijos.

Medina Sonda fue socio y operador financiero de José Manuel Saiz Pineda, quien fue tesorero del gobierno de Tabasco en el sexenio del ex gobernador priísta Andrés Granier Melo, actualmente preso.