La Constitución Política de la Ciudad de México garantiza los derechos de los adultos mayores; sin embargo, ahora se enfrenta el desafío de que queden plasmados en leyes secundarias, advirtió Sandra Huenchuan Navarro, especialista en el tema del envejecimiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Al participar en el foro Los derechos de los adultos mayores: políticas públicas integrales para una nueva realidad en el país, organizado por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, señaló que urge revisar y actualizar la Ley de los derechos de las personas adultas mayores, aprobada hace más de una década aquí, para definir qué se entiende por atención prioritaria.

Asimismo, llamó al gobierno federal a ratificar el Convenio interamericano sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y las políticas nacionales de vejez, ya que esto garantizaría un piso mínimo de políticas públicas en favor de este sector de la población.

Huenchuan Navarro dejó entrever la posibilidad de que la Carta Magna local vaya más allá de esta convención; si eso llegara a ocurrir, no sería un problema, porque la convención establece que los derechos de las personas mayores son un estándar mínimo sobre el cual hay que trabajar y cualquier legislación que vaya por arriba de esto debe respetarse.