La minera Almaden Minerals opera de manera ilegal en el Proyecto Ixtaca, asentado en la sierra Norte de Puebla, para extraer oro y plata, pues desde hace dos años tiene suspendido el título de concesión.

Además, ha omitido información a inversionistas y autoridades mexicanas, y actualmente cotiza acciones para financiar una nueva fase de exploración, sin notificar que enfrenta un recurso legal interpuesto por comunidades indígenas de la zona, a través del amparo 445/2015 radicado en un juzgado de Puebla.

En conferencia de prensa, pobladores afectados por la actividad de esta minera, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, denunciaron que estas violaciones se han dado con la complacencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno que han evadido sus responsabilidades, en particular las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Economía; además de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Alejandro Marreros, de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua, explicó que el proyecto minero a cielo abierto afecta más de 13 mil hectáreas –dedicadas al cultivo y actividades productivas–, perjudicando a más de 15 comunidades indígenas, sobre la cuenca del río Apulco.

Advirtió que en caso de derrame se afectarían 200 kilómetros, hasta su desemboque en el río Tecolutla y llegada al Golfo de México.

Acompañados de las organizaciones civiles Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), los pobladores de Ixtacamaxtitlán señalaron que la empresa tampoco ha informado los alcances de su proyecto a las comunidades afectadas, y se ha reservado la información sobre los riesgos que conlleva este proyecto para el medio ambiente, el agua y la salud.

Diana Pérez, de Imdec, y Patricia Legarreta, de Poder, presentaron los resultados de la evaluación de impacto en derechos humanos realizado en la zona, que concluye que las actividades del proyecto minero de Almaden afectarían severamente la salud de la población del área de impacto por exposición, ya sea por ingestión, inhalación y contacto con la piel de sustancias peligrosas y de alteración de la naturaleza. Pone en riesgo los derechos al agua, a un medio ambiente sano y a la salud de la población, e incrementa la competencia por el agua y la tierra.

El estudio enumera una larga lista de omisiones o acciones de la empresa, entre ellas desconocer a la población, pues se niega a reunirse con ella para conocer los resultados de la evaluación; ha demandado al gobierno mexicano porque no quiere pagar impuestos y se niega a realizar la consulta previa e informada a la población, y fue multada por la Profepa en 2009 por irregularidades por el proceso de exploración.