Durante el primer bimestre del año los delitos sexuales aumentaron 8.19 por ciento respecto del mismo periodo de 2016, al pasar de 4 mil 62 a 4 mil 395.

En el caso de violaciones sexuales, el nivel se mantiene casi igual: mil 868 el año pasado y mil 855 en el actual, de acuerdo con los casos denunciados en fiscalías y procuradurías estatales, cuyos datos son compilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (SG).

A la par, continúan las peticiones de grupos civiles para que las entidades sean evaluadas, al presumir que existe una situación grave de violencia contra las mujeres.

Hasta ahora, la mitad del país carece de elementos en materia de prevención y procuración de justicia, mientras que en siete entidades se ha emitido Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM): Chiapas, estado de México, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Veracruz y Sinaloa, cada una con determinado número de municipios implicados.

En el diagnóstico más reciente sobre Sinaloa, aplicado por un grupo de expertos, se concluyó que esa entidad prácticamente no atendió las recomendaciones recibidas hace poco más de medio año, de ahí que el sistema nacional que atiende el problema, coordinado por la SG, decidió emitir ahí también la AVGM.

Analizan tareas pendientes

En este contexto, el titular de la SG, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió ayer con funcionarias y representantes de grupos no gubernamentales dedicados a la prevención y atención de violencia contra las mujeres para analizar las tareas pendientes de los tres niveles de gobierno, en especial para sancionar a los agresores y acompañar a las víctimas durante todo el proceso.

Algunas asistentes a la reunión advirtieron sobre la persistencia de la problemática, sobre todo en violencia de etnia, agresiones contra la población transgénero y deficiencias en el acceso al aborto legal por violación sexual.

María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, dijo que los gobiernos siguen teniendo desafíos para cumplir eficazmente las recomendaciones en la materia, por lo que es necesario clarificar la situación de cada uno.

Necesitamos tener, de cara a la nación, (información) de cuáles son esos avances, cuáles son desafíos de los estados en materia de violencia contra las mujeres, señaló.

Ana Pecova, de Equis Justicia para las Mujeres, planteó la urgencia de generar mecanismos novedosos con la finalidad de que las alertas de género tengan algún impacto, que no se quede sólo en su declaración como un objetivo, sino que cese la violencia. Lo mismo para el acceso a la justicia con perspectiva de género, en especial con mujeres encarceladas por delitos contra la salud (drogas).

Ximena Andión, del Instituto de Liderazgo Simone Beauvoir, se refirió al cumplimiento de la norma 46, sobre la atención que deben recibir las mujeres víctimas de violación.

Osorio Chong comentó que se revisó el estado de cada una de las AVGM, cuyo sistema, aseveró, ya no está politizado.

(Ahora) está despolitizado un tema que no podía estar en esa circunstancia y que agrede a todas las mujeres lastimadas en su hogar o en las calles de nuestro país. El objetivo, agregó, es dar seguimiento a las tareas de los gobiernos locales ante las alertas de género.

El titular de la SG explicó que los avances en la atención al tema se darán a partir de que los gobiernos sancionen a quienes agreden a las mujeres.