Durante la instalación del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) su presidenta, Jaqueline Peschard, llamó a un ‘‘gran pacto’’ contra esta práctica, a fin de que esta lucha no sumerja al país ‘‘en un ciclo interminable de venganzas y revanchas, sin desmontar realmente la corrupción’’, cuyo costo no es sólo económico, pues daña nuestra democracia. Consideró asimismo que el sistema debe frenar la impunidad para que los actos ilegales reciban castigo y no se incentive volver a cometerlos.

‘‘Para atacar eficazmente la corrupción no es suficiente tener buenas intenciones o voluntad política, porque es un problema estructural de tal magnitud que hay que echar mano de todos los medios posibles para detectar su impacto en nuestro tejido social (y) para comprender cómo acentúa nuestras desigualdades sociales y cómo obstaculiza el ejercicio de nuestros derechos humanos. Sólo así podemos atacar sus causas de raíz y no sólo sus manifestaciones más burdas y lacerantes’’, agregó.

Peschard pidió revisar las experiencias no sólo de Suecia, sino también de Guatemala, Singapur o Corea del Sur. El modelo institucional es adecuado, pero si bien enfrentar este mal no es asunto de ‘‘figuras redentoras o justicieras’’, asumió que ‘‘si no obtenemos resultados pronto que demuestren que nos estamos tomando en serio el combate a la corrupción, que no es una nueva mascarada, la desconfianza y el esceptisimo bien arraigados en nuestra sociedad pueden derivar en anomia social’’.

Por su parte, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, admitió que combatir la corrupción es el reto más importante del país. Sin embargo, advirtió que en esta lucha, donde hay corresponsabilidad de gobierno y sociedad, se deben fijar metas claras y realistas, al tiempo que debe emprenderse ‘‘sin filias ni fobias’’, porque representa realmente un ‘‘parteaguas’’ en la vida política nacional.

El agravio social que ha provocado la corrupción es innegable, admitió por su parte el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, quien subrayó que el funcionamiento del SNA no podrá entenderse sin la participación social. Más allá de atender casos emblemáticos, el avance cualitativo real se alcanzará cuando ‘‘se identifiquen oportunamente aquellas áreas vulnerables de riesgo en la gestión gubernamental donde operan redes e individuos que cometen irregularidades’’ de gran impacto presupuestal y social.

Asimismo, para la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Ximena Puente, los sistemas nacionales de anticorrupción y de transparencia representan contrapesos a los abusos de poder y favorecen la participación crítica de la sociedad. ‘‘Son correctores de las dinámicas públicas que deterioran la credibilidad social hacia sus autoridades’’.

En la sesión, Peschard planteó una agenda basada en cuatro puntos: consolidar el carácter nacional del SNA; prevención de actos corruptos; combate eficaz a la impunidad, y consolidar una apertura gubernamental para lograr una alianza con la sociedad.

Subrayó la importancia de combatir la impunidad de manera eficaz para poder ‘‘remover los diques y sacar a la luz pública las complicidades, identificar vacíos legales y procesos deficientes de detección que redundan en el mal uso de los recursos públicos’’. Para impedir que se reproduzcan actos ilegales es necesario que ‘‘no siga siendo una práctica sin castigo, eliminando el incentivo que la genera’’.

Lamentó que la Auditoría Superior de la Federación haya presentado 745 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), tras auditar y detectar presuntos ilícitos, ‘‘sin que contemos con resultados claros de lo que se ha hecho al respecto’’.

Por su parte, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand, aseveró que como instancia sancionadora de irregularidades administrativas graves, se parte de ‘‘que existe una política explícita de responsabilidades y que los actos violatorios a ella serán perseguidos y sancionados’’.

El procurador general de la República, Raúl Cervantes, refirió que las leyes dotaron de bases jurídicas para cumplir objetivos del SNA, por ello, ‘‘todos los que participamos estamos obligados a lograrlos’’. La PGR cuenta con un espacio físico y una metodología para respetar la autonomía de la fiscalía anticorrupción.