l discurso oficial –Peña Nieto, sus funcionarios y corifeos– es que México no está en crisis y que, en todo caso, ésta sólo se registraría en la mente de algunos mexicanos, quienes, además, son amnésicos. Bien, pero, como dicen los especialistas, en el mejor de los casos lo cierto es que estamos a la vuelta de la esquina de que ésta estalle y ello se constata en prácticamente en todos los ámbitos del acontecer nacional.

Por ejemplo, crecen las advertencias de todos los sectores –internos y externos– en torno al peligroso cuan incontenible crecimiento de la deuda pública y su costo financiero (intereses, la mayoría de él), un problema resuelto por decreto desde los tiempos salinistas. La bomba, pues, desactivada. Sin embargo, lo cierto es que tal débito roza ya 10 billones de pesos (500 por ciento más que en el arranque del nuevo siglo) y los pagos que de ella derivan no son precisamente un bombón para el erario.

Sobre el particular, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados recién sacó del horno un análisis temático (La deuda nacional bajo las presiones de Trump y el dólar: ¿antesala de una crisis?, bajo la firma de Gabriel Fernández Espejel, maestro en economía por la UNAM e investigador de tal centro de análisis), del que se toman los siguientes pasajes. Va, pues.

El débil crecimiento económico, el fin de la bonanza del petróleo, la pérdida del poder adquisitivo del peso mexicano y los malos presagios sobre la economía nacional tras el arribo de Donald J. Trump a la Casa Blanca disparan las alertas entre las firmas calificadoras internacionales en torno a la inercia que registra el crecimiento del endeudamiento total del gobierno federal con el objeto de sobrellevar su operación y enfrentar sus compromisos, lo que podría desembocar en desequilibrios en la cuenta corriente y en las finanzas públicas.

El sexenio de Peña Nieto se estrenaba en diciembre de 2012 y en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) de ese año, sin la menor sospecha del panorama adverso que se avecinaba, anunciaba una política de endeudamiento dirigida a conservar finanzas públicas sanas, previendo un entorno con condiciones crediticias favorables de largo plazo mediante la colocación de pasivos en diversos mercados financieros con contratos en distintas monedas, es decir, la misma directriz que había estado elevando los requerimientos financieros del sector público.

Sin embargo, es clara la tendencia alcista en las deudas externa e interna netas, mientras que el paso ascendente no es evidente al contemplar la deuda total neta del sector público en millones de dólares, al menos no hasta diciembre de 2015; sin embargo, al convertir los montos a pesos, con el tipo de cambio promedio mensual del año correspondiente, se tiene que al cierre de ese año sumó 8.18 billones de pesos, mientras en diciembre de 2016 llegó a 9.64 billones, es decir, un aumento de alrededor de 1.5 billones, mismo que no se refleja claramente por la devaluación del peso frente al dólar.

Al confrontar la política de endeudamiento de los CGPE de 2012 y 2017 se aprecia que el discurso no cambió a pesar de que el entorno externo se tornaba borrascoso, ni la tormenta Trump ha logrado propulsar algún giro. Ahora habrá que esperar si las advertencias de las agencias calificadoras pueden impulsar algún ajuste pertinente en la política de deuda pública.

Standard & Poor’s (S&P) redujo de estable a negativa la perspectiva de las calificaciones soberanas en escala global de México en agosto de 2016, lo que implica, en palabras de esta empresa, que existe una posibilidad de al menos 33 por ciento de que disminuya la calificación soberana en los próximos 24 meses si continúa el deterioro de la deuda general del gobierno federal o en la carga de los intereses, lo que aumentaría la vulnerabilidad de las finanzas públicas.

El cambio en la perspectiva es que la deuda neta del gobierno mexicano pasaría de 42 por ciento del PIB en 2015 a 45 por ciento en 2016, y que en 2018-2019 oscilará entre 47 y 48 por ciento. Las noticias son desalentadoras, pues ya se registra (más alto) el escenario negativo que la calificadora advirtió que llegaría hasta 2018, de tal forma que se estaría en la antesala de una baja en la nota crediticia de México.

S&P alerta que, aunque los niveles de deuda como porcentajes del PIB son manejables frente a lo que se reporta en otras latitudes del mundo, el bajo nivel de crecimiento –que la misma firma califica de decepcionante– y la presión que se ejerce sobre las finanzas públicas obstaculizan frenar la tendencia alcista en esta variable. Además, suma a este escenario negativo la caída de los precios internacionales del petróleo, la devaluación del peso y problemas de gobernabilidad y corrupción.

La calificadora Moody’s no difiere de los señalamientos de S&P, aunque su decisión de reducir de estable a negativa la calificación de México se produjo en marzo de 2016, y la sustentó en el crecimiento económico por debajo de lo esperado, la carga fiscal de Pemex y condiciones externas poco favorables de manera anticipada a las elecciones en Estados Unidos, ya fuera con la victoria de Hillary Clinton o de Trump. Con el correr de los meses confirmó los malos presagios, pues deja en claro que el crecimiento no repuntará en 2017 (1.4 por ciento en el presente año y 2 por ciento en 2018), debido a la caída de los flujos de inversión y la pérdida de eficacia en la política monetaria del Banco de México, aunque la gota que derramaría el vaso sería el cierre del mercado estadunidense a las exportaciones mexicanas.

Disminuir la calificación no sólo es bajar de nivel, sino que con la pérdida del grado de inversión se abandona a un grupo preferente de inversión, lo que aleja el interés de los capitales y de los fondos de inversión, teniendo como consecuencia una profundización de la espiral negativa en la que se encuentra el país. Aunque dice Peña Nieto que la economía mexicana no está en crisis, lo cierto es que estamos a la vuelta de la esquina.

Y allí está la advertencia de la Auditoría Superior de la Federación sobre los riesgos de insostenibilidad en el manejo de los pasivos y acusa los malos manejos de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, pues señala que el bajo crecimiento económico y los ingresos públicos pronto serán insuficientes para cubrir los compromisos financieros.

Las rebanadas del pastel

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