Una vez más, Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), rindió a puerta cerrada su informe de trabajo ante el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa; el aún presidente del Tribunal Superior de Justicia, Édgar Elías Azar, y Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa.

En 2014, cuando jóvenes protestaron contra el gobierno capitalino, Gómez Gallardo dejó de invitar a la sociedad civil, como sí hacían los anteriores titulares del organismo, que llamaban a la ciudadanía para informarle de la labor realizada al frente de la defensoría del pueblo.

Sin embargo, ahora la rendición de cuentas por las violaciones que cometen servidores públicos de las diferentes instancias del gobierno local, sólo se hace en presencia de los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la capital.

Tras los cuestionamientos hechos en su momento por las organizaciones sociales, la CDHDF adujo que informar a las autoridades de la ciudad es una obligación que tiene el organismo por ley, y a los ciudadanos era una atención que se les brindaba.

Ayer, mediante un comunicado, informó que tras cumplir tres años de gestión, la presidenta de la CDHDF sostuvo un encuentro con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Edgar Elías Azar, a quienes entregó su informe de labores 2016, en cumplimiento al artículo 58 de la ley del organismo.

En el documento expuso que se dio cuenta de las acciones que desarrolló y los resultados obtenidos de los programas institucionales que se llevaron a cabo: fortalecimiento, defensa, promoción y difusión, y conducción interinstitucional.

Asimismo, Perla Gómez Gallardo reconoció que todas las recomendaciones emitidas por el organismo que preside al gobierno capitalino han sido aceptadas, en las cuales se acreditó que cometieron violaciones a derechos humanos, pese a que ha declarado que tiene un registro de incumplimiento que supera 10 años.