A punto de concluir el actual periodo de sesiones, el Senado no podrá cumplir con la agenda legislativa a la que se comprometieron las principales fuerzas políticas, ya que no hay acuerdo en los temas torales, como son la ley de seguridad interior, el nombramiento del fiscal anticorrupción y la aprobación de la ley de la Fiscalía General de la República.

El periodo concluye el 30 de abril, pero son sólo tres semanas de trabajo, ya que la mayoría de los senadores tomarán las vacaciones de Semana Santa, por lo que los más de 50 nombramientos de magistrados y responsables de órganos autónomos, quedarán pendientes.

La situación es muy complicada, comentó el ex coordinador perredista Miguel Barbosa, ya que la agenda electoral se impuso, al igual que la coyuntura por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Contrario a lo que se está diciendo, no habrá ley de seguridad interior, explicó Barbosa, porque los diputados, que son cámara de origen, no han llegado a un acuerdo y pretenden además no aprobar la minuta sobre mando mixto policiaco.

Agregó que hay una orientación para que tampoco se nombre al fiscal anticorrupción, porque en el PRI y el gobierno consideran que es mejor aprobar primero la ley de la Fiscalía General de la República, instancia en que habrá de transformarse la Procuraduría General de la República.

Incluso, en el grupo parlamentario del PAN, que ha insistido en la urgencia de nombrar al fiscal anticorrupción, hay legisladores que consideran que es mejor esperar a que se apruebe también la reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto para evitar que el actual titular de la PGR pase de forma automática a convertirse en el nuevo fiscal general de la República.

El tema del fiscal anticorrupción es un pendiente del año pasado, incluso de los 32 aspirantes que se inscribieron el año pasado, 10 ya renunciaron. La primera fue la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Ximena Puente, y el más reciente, José Bernardo Espino del Castillo.

Tampoco avanzó la intención de la oposición de aprobar cambios legislativos para disminuir el precio de la gasolina, que podría ser la reducción del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que aplica el gobierno federal.

Van a quedar también pendientes para el periodo de septiembre los más de 50 nombramientos que el Senado debe desahogar, entre ellos, según un reporte del Instituto Belisario Domínguez, el de dos magistrados, que datan desde 2013, junto con otras designaciones derivadas de las recientes reformas legales en combate a la corrupción y sobre transparencia.

Los senadores deben ratificar –ademas del lugar vacante en la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde el nombramiento de Paloma Merodio se ha complicado– a cinco integrantes del comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.