El Senado realizó diversas modificaciones a la ley que rige al Instituto Nacional de Migración (INM) para precisar que debe actuar con estricto apego al respeto y la protección de los derechos humanos y la no discriminación de quienes cruzan por territorio nacional.

Actitudes contrarias no deben darse en ningún punto de revisión de extranjeros y nacionales, advirtió el priísta Marco Antonio Olvera Acevedo al comentar la modificación al artículo 19 de la Ley de Migración.

La secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, María Lorena Marín Moreno, señaló que el tránsito de migrantes por territorio nacional debe tener una regulación en la protección de sus derechos humanos e integridad por las autoridades federales, estatales y municipales.

La reforma, dijo, atiende los señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la sesión del jueves pasado, el Senado modificó también el artículo 93 de esa legislación para precisar las facultades del Instituto Nacional de Migración (INM) en materia de denuncias formuladas contra extranjeros por la presunta comisión de delitos.

En el dictamen aprobado se establece que en relación a la recepción y atención de denuncias por la comisión de delitos, las atribuciones del INM son sólo para efectos de control, verificación o revisión migratoria, las cuales deberán ser turnadas a las autoridades competentes.

El objetivo de la reforma es evitar una interpretación en la que se considere que el INM tiene funciones ministeriales y policiacas, precisó el senador del PRI, Teófilo Torres Corzo. Explicó que la redacción actual del artículo pone en riesgo la invasión de competencias entre autoridades y los derechos humanos de los migrantes y por ello se busca clarificar el texto normativo.

En la exposición de motivos del dictamen se establece que en los últimos tiempos la vulnerabilidad de los migrantes que ingresan a México, a través de su frontera sur, ha llevado en muchas ocasiones a que se e vean involucrados en las dinámicas criminales.