Representantes de la Ciudad de México en la tercera Cumbre Internacional de Jóvenes por los Derechos Humanos, que se inauguró ayer en el salón de plenos de la Asamblea Legislativa (ALDF), manifestaron su preocupación por las acciones de inconstitucionalidad y controversias promovidas en contra de la Constitución Política local.

Ramiro Caldiño Reza, hablante de lengua náhuatl de la comunidad de Santa Ana Tlacotenco, en la delegación Milpa Alta, denunció ante los delegados de otras entidades de la República y países como Guatemala, Costa Rica y Venezuela, que en la Ciudad de México estamos luchando hoy por defender nuestra Carta Magna, la Constitución Política de la Ciudad de México, que, aseguró, es de avanzada en materia de derechos humanos.

Nosotros en Milpa Alta estamos preocupados porque se ha impugnado el derecho al agua, que los diputados constituyentes agregaron en el texto constitucional como un bien público, social y cultural, que es inalienable, inembargable, irrenunciable, cuya gestión deberá ser pública y sin fines de lucro.

El agua, apuntó Caldiño, es fundamental para los pueblos originarios y aludió al filósofo Thomas Hobbes para manifestar el derecho de las personas a defender su libertad, su prosperidad y la protección de sus leyes: Hoy por eso luchamos por la Constitución Política de la Ciudad de México.

Antes, el director ejecutivo de Jóvenes por los Derechos Humanos México (JDHM), Raúl Arias Pérez, tras leer la frase en náhuatl alusiva a la fundación de México Tenochtitlan, que contiene el preámbulo de la Constitución Política local, afirmó que es el documento más acabado en México sobre los derechos humanos y sugirió a la Asamblea Legislativa entregar copias a todos los jóvenes que participan en la reunión, no sólo a quienes representan a esta ciudad, sino a los delegados de otras entidades y países, para que se los lleven a toda América, está llena de derechos humanos.

Sugirió además al órgano de gobierno legislativo que el texto constitucional de la Ciudad de México se publique en todas las lenguas que se hablan en el país.

En la reunión, dedicada este año a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, señalaron la necesidad de preservar las lenguas originarias, e incluso hacer valer el derecho de que se enseñen en las comunidades donde ya fueron desplazadas por el español.