La comisión especial de la Cámara de Diputados que indaga la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una serie de verificaciones contables a los fideicomisos integrados para financiar la obra, la cual se construye con créditos bancarios, que se pagan con el cobro a los pasajeros de la tarifa de uso del aeropuerto (TUA).

La comisión se reunió con la Unidad de Evaluación y Control –órgano de la cámara que a su vez vigila la actuación de la ASF– y decidió aceptar sus recomendaciones para solicitar que ésta indague por qué el título de concesión entregará las operaciones durante un siglo a partir de 2030.

En la solicitud a la ASF, la comisión también pidió que se continúe el seguimiento a la remodelación del hangar presidencial, pues refirió que en la Cuenta Pública 2015 se detectó que el gobierno federal adjudicó de manera directa los contratos de obra pública y de servicios, a empresas relacionadas con el Grupo Higa, que presentaron propuestas que resultaron caras y mal integradas, lo que no posibilitó el cumplimiento del objetivo del proyecto y generó un sobre costo en la ejecución de trabajos y servicios por 141 millones 327 mil 600 pesos.

A pesar de ello, debió realizarse un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional para que terminara los trabajos no realizados por Higa, pues la empresa no habían entregado la obra y el hangar seguía bajo resguardo de los contratistas.

Refirió que ya la ASF se abstuvo de presentar una opinión sobre el esquema que eligió el gobierno de Enrique Peña Nieto para financiar la nueva terminal, con la constitución de dos fideicomisos privados, debido a que no hay un control de ninguna dependencia gubernamental sobre el gasto, de que no le fue posible determinar el costo del esquema de financiamiento, ni se ha especificado el plazo que se cederán los ingresos por la TUA para liquidar los créditos.

Hasta ahora, la auditoría reportó que el costo total que se pagará con recursos de la TUA por los contratos con bancos asciende a mil millones de dólares, que incluye intereses, comisiones y gastos asociados.

La comisión resaltó que la información para conocer los ingresos de las líneas aéreas por la recolección de ese impuesto se basa en “manifiestos de salida o documentos de buena fe, donde se reporta, bajo protesta de decir verdad, que los pasajeros cubrieron esa tarifa.