En la máxima instancia de decisión del mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos y periodistas se encendieron los focos rojos por la falta de presupuesto, de ahí que la operación de esta herramienta no está garantizada en el futuro inmediato.

También hubo alerta –e incluso un fuerte debate entre los integrantes de la junta de gobierno del mecanismo– por los seis atentados a defensores y comunicadores ocurridos en las cinco semanas recientes.

El lapso fatídico se inició con el asesinato de Cecilio Pineda, reportero en Guerrero; le siguió el homicidio de otro colega de Veracruz, Ricardo Monlui; la agresión a Alma Barraza (murió su escolta); la semana pasada, Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, en Chihuahua, y ahora otros dos comunicadores, uno de ellos, Julio Omar Gómez, salvó la vida, no así su escolta.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, confirmó en entrevista el problema de recursos.

El mecanismo no recibió ni un peso de presupuesto este año y, sin un apoyo extraordinario, no podrá concluir el año con las medidas que tiene. Hay un riesgo, porque con la tendencia que hemos tenido en los dos años recientes, el mecanismo se habrá quedado sin recursos antes de que concluya este año.

En cuanto a las críticas al mecanismo, precisamente por el alto número de atentados contra periodistas y defensores, el funcionario dijo que justo por la existencia de esta alternativa Barraza y Gómez salvaron la vida, aunque lamentablemente sus escoltas, no.

Aclaró que no son escoltas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sino del mecanismo.

No obstante, admitió que hay mucho por hacer –hay periodistas a los que no hemos llegado–, especialmente en la coordinación con estados y municipios, a los que pidió mayor responsabilidad en esta tarea.

En cuanto a la sesión de la junta de gobierno, dijo: la sesión fue naturalmente muy intensa. Hicimos una evaluación de lo ocurrido en las semanas recientes. En principio se requiere un trabajo más cercano con los estados, porque el mecanismo, por sí mismo, difícilmente puede garantizar la seguridad (de periodistas y defensores) sin la corresponsabilidad de los gobiernos de los estados.

Un elemento fundamental –destacó– tiene que ver con enfrentar una realidad en la que la impunidad es una constante; sean de competencia federal o local, los asesinatos a periodistas y defensores no deben quedar impunes.

El mecanismo adolece de estructuras de coordinación con las entidades para la oportuna implementación de medidas urgentes de protección y así lo admite su informe 2012-2016.