La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República, no sólo ha demostrado falta de capacidad para proteger a los periodistas que han sido víctimas de una amenaza o agresión, sino falta de voluntad para cumplir con esa tarea.

Afirmaron lo anterior comunicadores y académicos, quienes lamentaron que –según datos oficiales– dicho organismo sólo haya obtenido tres sentencias condenatorias de 2010 a 2016, pese a haber recibido 798 denuncias en ese periodo, de las cuales 47 fueron por homicidio.

El periodista veracruzano Aurelio Contreras, columnista de varios medios informativos, consideró que muchas fiscalías especiales son en realidad placebos que se crean cuando surge un problema que la autoridad no sabe cómo afrontar.

Al haber sido víctima de intimidaciones, sabe que el accionar de la Feadle es paquidérmico, lentísimo. La última amenaza que recibí fue en noviembre y aún no tengo cita para que me tomen declaración. Lo que nos quedaría es unirnos, pero el periodístico es un gremio caníbal que no conoce la solidaridad.

Francisco de Luna, colaborador de los portales veracruzanos Plumas libres y Primer párrafo, indicó que la Feadle y otros organismos similares en los estados de la República parecen un archivero donde se van acumulando decenas o tal vez cientos de casos sin encontrar nunca solución adecuada.

“Muchos compañeros han hecho denuncias, pero algunas ni siquiera han tenido seguimiento, a pesar de que son amenazas de muerte. La fiscalía aplica esta manera de ‘trabajar’ para cansarlos y que desistan de sus señalamientos y denuncias”, afirmó De Luna, quien ha recibido mensajes intimidatorios por correo electrónico y en redes sociales.

A un amigo lo amenazaron a media cuadra del palacio de gobierno (en Xalapa), hizo la denuncia y le hicieron pruebas para ver si no estaba inventando el asunto. Y ahí quedó: ya pasó un año y no le han hablado para nada, afirmó.

Aleida Calleja, del consejo consultivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, lamentó que las batallas ciudadanas que han hecho posible el surgimiento de organismos especiales se ven frustradas por el pésimo funcionamiento de dichas instituciones.

Se diseñan y se echan a andar, pero su eficacia es nula. Nos encontramos fiscalías que generan un gasto importante de recursos públicos, pero cuyo desempeño deja mucho que desear. Hay indolencia brutal de los gobiernos federal y estatales, porque el tema (de las agresiones contra periodistas) no les importa.