n el cuadrilátero legislativo están ya cuatro iniciativas de ley que durante esta semana se darán con todo: patadas voladoras, llaves y contrallaves, saltos mortales y hasta sucios piquetes de ojos, zancadillas y quebradoras en un mortal combate de todas contra todas, hasta que finalmente quede solamente una iniciativa victoriosa, pasando así a ser ley. Una legislación que a partir de entonces normará la política y la vida cultural de México. Una ley que podría permitir construir un hotel de lujo arriba de la pirámide del Sol, o bien otra ley que permita a las comunidades indígenas defender su patrimonio.

Al igual que las luchas domingueras, en este cuadrilátero legislativo también hay amarres, amañes y traiciones. Realmente no se trata de una pelea sin ton ni son, hay una estrategia bien planeada por tres de ellas: primero entre las tres dejar fuera de combate a la cuarta (la técnica) y luego de entre esas tres (rudas) dejar a una sola ya pactada como la victoriosa.

Una pregunta de dos opciones para responder con los ojos cerrados: ¿Qué ley elegirías de entre A y B para que normase el desarrollo cultural de México?

A) Una ley que cuenta con el aval de Carlos Romero Deschamps (senador priísta señalado por ser un símbolo de la corrupción sindical petrolera y de ser dueño de una fortuna de dudoso origen) y Emilio Gamboa Patrón (senador priísta señalado por haber intercedido ante Peña Nieto en favor del ex gobernador y prófugo de la justicia Javier Duarte) y que fue escrita por encargo de Gerardo Sánchez (senador priísta que hace unas semanas aterrizó en lujoso helicóptero en medio de un campo de futbol para acudir a un acto proselitista en la colonia más pobre de Irapuato).

B) Una ley que cuenta con el aval de la mayor parte de la comunidad cultural y que fue escrita entre toda una serie de personas totalmente vinculadas al medio cultural mexicano, como son: Carlos Villaseñor Anaya (experto de la Unesco en gobernanza cultural y políticas culturales), Lucina Jiménez (experta de la Agenda 21 para la Cultura y de la Unesco), Raúl Ávila (abogado constitucionalista, presidente de la Academia Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cultura), Carlos Lara (con maestría en difusión de la ciencia y la cultura y experto en comunicación y cultura) y 10 expertos en políticas culturales más.

La iniciativa priísta (rudos) lleva el nombre de ley general de cultura y tal vez sea una de las peores iniciativas de ley sobre cultura que se hayan presentado en los pasados 20 años y que pareciera haber sido redactada por un clon de Donald Trump, debido a su articulado sumamente autoritario. Entre algunos de sus absurdos planteamientos se encuentra que reconoce al presidente de la República como máxima autoridad cultural, por lo que un presidente, si así se le antojase, podría permitir que se abrieran tiendas de Oxxo en la cima de todas nuestras pirámides. También propone que todas las instituciones culturales del país sean regidas por la Secretaría de Cultura, invadiendo así las facultades en materia cultural de estados y municipios. De igual manera, invade las facultades del INAH y del INBA, poniendo así en peligro todo el patrimonio cultural de México, tanto material como inmaterial. No fortalece en nada al sector cultural en términos fiscales al no contemplar ningún cambio en ningún ordenamiento para facilitar el desarrollo del sector, además de ser abiertamente una ley que excluye la participación del sector cultural en la toma de decisiones. Todo lo decide la Secretaría de Cultura.

La iniciativa (técnicos) avalada por la comunidad cultural, aunque les cueste trabajo a los senadores entenderla si no se bajan del cuadrilátero, viene a ser la concreción de los anhelos que por muchos años ha expresado el sector cultural mexicano en innumerables foros de consulta. Lleva el nombre de ley general de derechos culturales, poniendo así en su centro a las personas, pueblos y comunidades, garantizándoles sus derechos fundamentales de acceso y participación en la cultura y estableciendo su garantía, fomento, promoción y defensa por parte del Estado mexicano.

Establece los principios para una política cultural nacional que contemple el acceso y ejercicio de los derechos culturales como componentes prioritarios de las políticas de desarrollo nacional y establece las bases para la definición de políticas fiscales, estímulos, créditos y otros mecanismos de financiamiento para el sector cultural y artístico.

Sienta las bases sobre las que la Federación, las entidades federativas y los municipios coordinarán sus acciones para la garantía, fomento y promoción del acceso y ejercicio de los derechos culturales.

Señala la necesidad de reorientar y fortalecer casas de cultura y centros culturales, para garantizar la formación cultural, artística, audiovisual, en patrimonio, lectura, cinematográfica y digital de la ciudadanía fuera de las escuelas.

Define los mecanismos de participación de los artistas, gestores y promotores culturales, así como de personas, grupos, pueblos y comunidades en la definición, planeación y desarrollo de la cultura y las políticas culturales en los tres niveles de gobierno.

También esta ley indica de manera prioritaria la profesionalización del sector cultural, de tal manera que dejen de existir funcionarios culturales improvisados que únicamente entorpecen los derechos culturales de personas y pueblos, saboteando así la actividad cultural en su conjunto.

Ahora bien, en el cuadrilátero legislativo del Senado de la República la decisión debe de estar lista para este viernes 31 de marzo. Ojalá y nuestros senadores voten por la cultura y los derechos culturales y no por un engendro de ley de cultura digno de la mano de Trump.

Consultar la iniciativa de los técnicos

* Antonio Gritón es pintor y promotor cultural. Director de la Casa de Cultura San Rafael y premio de pintura de la bienal Yucatán 2015