Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó reformas y adiciones la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mediante las cuales tipificó como delito la fabricación ilícita de armas y sus componentes, así como la elaboración de municiones; el tráfico ilícito de las mismas y la falsificación o alteración de las marcas.

Fijó sanciones que van de cuatro hasta 30 años de cárcel para quienes fabriquen, vendan entreguen, adquieran, intercambien o transfieran en territorio nacional armas o piezas, así como cartuchos, y para quien exporte armas, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

En la reforma se detalla que dichas penas –de cinco a 30 años de prisión– aumentarán hasta en una mitad cuando las armas de fuego, sus piezas y componentes, cartuchos o municiones no tengan marcas distintivas.

El propósito de la reforma, se destaca en el dictamen aprobado, es prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico de armas de fuego y municiones.

Al presentar el dictamen en tribuna, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el panista Fernando Torres Graciano, explicó que los cambios y adiciones que se hicieron a la ley tienen como propósito incorporar un protocolo de la Organización de Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego.

Explicó que se incorporaron los conceptos arma de fuego, piezas y componentes, municiones, fabricación ilícita, tráfico ilícito, localización y marca distintiva, con la finalidad de tener una correcta interpretación a la hora de aplicar la ley.

Torres Graciano dijo que además se estableció la obligación a los fabricantes de imponer a toda arma de fuego, piezas, componentes, cartuchos y municiones, una marca distintiva, adoptando las medidas tendientes a prevenir y evitar su supresión, clonación o alteración.