yer, en una reunión masiva con soldados, marinos, pilotos y sus familiares, que congregó a 32 mil personas, el presidente Enrique Peña Nieto descalificó a quienes han formulado críticas a las fuerzas armadas y los acusó de ignorancia o dolo, además, afirmó que quienes denigran a las fuerzas armadas denigran a México. Asimismo, aseveró que los señalamientos sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por personal militar son inadmisibles e inaceptables.

Ciertamente, desde que las instituciones castrenses empezaron a ser utilizadas por el poder civil en tareas de combate a la delincuencia y de seguridad pública, hace más de 10 años, se han multiplicado las denuncias por atropellos de diversa gravedad cometidos por soldados y marinos contra civiles. A contrapelo de lo señalado recientemente por los más altos mandos castrenses del país, muchas de esas denuncias están comprobadas y documentadas, y numerosos organismos humanitarios oficiales y sociales de México y del extranjero –además de medios informativos y personalidades políticas y culturales de diversos signos y tendencias– han externado críticas por el infortunado e indebido desempeño de los militares en funciones de policía.

Con esos antecedentes, el afán presidencial por desconocer esta grave disfunción institucional –cuya responsabilidad recae, en última instancia, en los mandos civiles que han mantenido a los uniformados en tareas policiales, desnaturalizando de esa forma su misión constitucional– deja paradojas y preguntas que deben ser puntualizadas.

Para empezar, el discurso del titular del Ejecutivo federal conlleva una crítica implícita, pero no por ello menos demoledora, contra las corporaciones policiales que se quedan cortas, hacen un trabajo ineficiente o a veces su presencia es inexistente. Significativamente, la mayor y más poderosa de esas corporaciones, la Policía Federal, se encuentra bajo el mando presidencial, y cabe preguntarse por la pertinencia política de descalificar a una institución desde la jefatura del Estado para encomiar a otras.

Por otra parte, el señalamiento de Peña en contra de las fuerzas policiales, ciertamente fundado, deja ver las deficiencias de un ejercicio gubernamental que incluye el sexenio anterior, pero también más de cuatro años del actual, tiempo en el cual la necesaria depuración y restructuración de las corporaciones civiles del orden público y combate a la delincuencia no parece haber avanzado ni mucho ni poco.

Lo más preocupante, con todo, es el acento autoritario con que se rechaza a priori y en general cualquier crítica al desempeño de las fuerzas armadas. ¿Es pertinente que las instituciones militares queden exentas de todo ejercicio crítico y de la fiscalización social y ciudadana? ¿Por qué? Y de ser así, ¿por qué sólo ellas y no todo el conjunto del aparato gubernamental? ¿No denotan las palabras del Presidente una indebida intolerancia al disenso, a la libre expresión y al principio de rendición de cuentas?

Sería pertinente, pues, que se aclararan el sentido y los alcances del discurso pronunciado ayer por Peña Nieto en el Campo Militar número uno, porque, tal como fue emitido, abre la puerta a las dudas sobre las convicciones democráticas y republicanas del actual gobierno.