l fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, confirmó ayer que la institución que encabeza, el Departamento de Justicia, retirará las subvenciones a las ciudades y estados del país vecino que se nieguen a perseguir a migrantes criminales y los ayuden a eludir las leyes federales, en cumplimiento a una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump en enero pasado.

“No deportar extranjeros que fueron condenados por delitos –dijo– pone en riesgo a todas las comunidades, especialmente a las de inmigrantes”. El monto retenido podría ascender a más de 4 mil millones de dólares, de un total de 13 mil 476 millones de subvenciones de Washington a estados, condados y ciudades.

Entre las urbes más afectadas se encuentran Washington, que podría perder casi 30 por ciento de sus recursos presupuestales, Chicago (13 por ciento), Nueva York (10) Los Ángeles (6) y San Francisco (5). Los fondos en cuestión se destinan principalmente a educación, salud y acciones comunitarias.

Trump y sus colaboradores han repetido las amenazas contra las ciudades santuarios desde la pasada campaña presidencial. El amago más reciente provino del mismo Sessions, quien la semana pasada hizo una crítica enérgica a las demarcaciones y localidades que se niegan a colaborar con la intensificación de las capturas y deportaciones de migrantes indocumentados emprendida por el gobierno federal estadunidense.

Debe señalarse: a quienes la presidencia de Estados Unidos considera migrantes criminales no necesariamente lo son: cualquiera que haya cometido faltas administrativas menores o protagonizado un accidente de tránsito podría ser incluido en la persecución emprendida desde la Casa Blanca. Se trata, pues, de una política xenofóbica y racista, cuyos fundamentos legales resultan endebles e incluso contrarios a la Constitución, según han señalado juristas.

Sobre esa base, desde enero pasado diversas localidades han iniciado demandas legales contra el Ejecutivo con la finalidad de invalidar las suspensiones de fondos federales. La primera fue San Francisco, cuyo representante legal, Dennis Herrera, señaló que el decreto del presidente no sólo es inconstitucional, es antiestadunidense.

Así pues, la decisión anunciada ayer por Sessions podría ser el capítulo de una nueva y prematura derrota para Trump, quien la semana pasada experimentó en el Congreso el fracaso de su ofensiva contra el sistema de salud, conocido como Obamacare, implantado por su antecesor en el cargo.

Asimismo, el empecinamiento de la Casa Blanca para obligar a ciudades, condados y estados a colaborar con las autoridades federales en una persecución a todas luces injusta y muy probablemente ilegal, puede convertirse en un alimento adicional al creciente rechazo que se hace sentir en diversos sectores del país vecino contra un presidente que en los primeros tres meses de su gestión ha exhibido ya una deplorable torpeza.